Ofensiva del Gobierno para justificar las medidas contra los controladores

Hasta la fecha, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, había liderado, en su calidad de portavoz del Gobierno, la comunicación de todos los datos sobre la «huelga salvaje» de este colectivo y sus consecuencias. Mientras, el presidente había permanecido, «por respeto al Parlamento», atrincherado en La Moncloa sin dar ningún tipo de explicación.

Según fuentes gubernamentales, en estas jornadas de crisis nunca se pensó en que Zapatero pudiera salir a la palestra para exponer a la sociedad los sucesos tan graves acaecidos. Sin embargo, otras fuentes aseguran que los fontaneros monclovitas dudaron el sábado sobre la conveniencia de que el presidente diera un paso adelante y fuera él quien, al término del Consejo de Ministros, informara sobre el decreto que declara el Estado de Alarma. De hecho, en La Moncloa no se descartó el mismo sábado su comparecencia ante la Prensa. Al final, se decidió que fuera Rubalcaba quien lidiara con los medios de comunicación.

Excepcional y grave
Cinco días después, en un breve debate, que se prolongará unas dos horas, José Luis Rodríguez Zapatero justificará en su intervención inicial ante el pleno del Congreso de los Diputados la adopción de estas medidas por la «excepcionalidad y gravedad» que supone cerrar a cal y canto el espacio aéreo, suceso sin precedentes en la historia española. «De ahí que a grandes males, decidiéramos grandes remedios», advierten fuentes gubernamentales.

El jefe del Ejecutivo relatará las horas previas a la adopción del Estado de Alarma y cómo el viernes pasado sondeó y solicitó informes jurídicos sobre las posibles salidas al conflicto, una vez que los controladores fueron abandonando sus puestos de trabajo. De hecho, el vicepresidente primero exploró el viernes por la tarde con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, las vías de resolución que aportaba la jurisdicción civil, según confirman a LA RAZÓN fuentes del Ejecutivo.

En un primer momento, el fiscal general del Estado respaldó la aplicación de la Ley de Navegación aérea para poner freno a la «huelga salvaje» de los controladores. Una vez, solicitada su incorporación el sábado al Consejo de Ministros, Conde-Pumpido se encargó de aportar la percha legal del decreto. Se trataba de garantizar la constitucionalidad del mismo. En esta misión también colaboró el Abogado General del Estado.

Por eso Zapatero hará hincapié hoy en su constitucionalidad, así como recordará su vigencia de quince días y, por ende, su carácter excepcional. Además, resaltará que sólo se aplica al personal del sector aéreo y que, por tanto, no supone ningún recorte de derechos ni libertades públicas. «Es totalmente constitucional», concluirá. Acto seguido, no cerrará la puerta a demandar al Congreso de los Diputados su prórroga, si persiste el riesgo de que España se vuelva a quedar incomunicada durante la Navidad.

La prórroga del Estado de Alarma, que finaliza el próximo 19 de diciembre, requiere la «autorización expresa» de la Cámara Baja. En caso de que el Ejecutivo decidiera, al final, pedirla esta Navidad ya tiene garantizada su aprobación gracias a los seis escaños del PNV. Así lo expondrá el portavoz del grupo vasco, Josu Erkoreka, en el turno de diez minutos por grupo que se abrirá tras la alocución del presidente del Ejecutivo.

Los nacionalistas vascos expresarán su total respaldo a las decisiones adoptadas por el Gobierno para poner coto a los controladores aéreos, así como su disposición a votar favorablemente la prórroga del Estado de Alarma, si el presidente considera que persiste el riesgo de que el país quede de nuevo incomunicado por aire durante estas fiestas navideñas, según confirman a LA RAZÓN fuentes del PNV.

No obstante, parece que el Ejecutivo no se verá obligado a solicitar a la Cámara Baja la prórroga del Estado de Alarma. Así, al menos, se deduce de la voluntad expresada por Ausca, sindicato mayoritario de los controladores, y por el Sepla. Ambos colectivos han reiterado en las últimas horas su disposición a no emprender de nuevo movilizaciones. No obstante, Rubalcaba les avisó ayer de que no les saldrá gratis el cierre del espacio aéreo durante 24 horas. Además, insistió en que el Gobierno no descarta la prórroga del Estado de Alarma.

Mientras, fuentes peneuvistas consideran que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el sábado pasado «no representa un recorte de los derechos de los ciudadanos y sí soluciona una grave situación». Eso sí, el PNV demandará al Ejecutivo central la adopción de medidas para que no se vuelva a reproducir en el futuro.

Coalición Canaria apoyará, con toda seguridad, las decisiones del Gobierno frente a los controladores aéreos. Mientras que los grupos parlamentarios de izquierdas pondrán en cuestión el Estado de Alarma decretado y, por ende, la solución adoptada por el Ejecutivo al conflicto.