Las aulas no están para huelgas

Los sindicatos de Educación de la Comunidad de Madrid, a los que se podrían sumar los de otras regiones, han abierto un conflicto inconveniente con la convocatoria de una huelga para el arranque del curso escolar. Ha sido la respuesta a la decisión del Gobierno regional de incrementar de 18 a 20 el número de horas lectivas de los docentes de Secundaria, tal y como contempla la Ley que prevé incluso llegar a las 21. Ese aumento en la jornada estará debidamente compensado económicamente.

Las razones de la Consejería de Educación no sólo se fundamentan en la previsión legal que contempla esa flexibilidad de horario, sino en la necesidad de maximizar las recursos en una etapa de crisis que exige sacrificios por parte de todos, también de los profesores.

Obviamente, la Administración madrileña, en palabras de la presidenta Esperanza Aguirre, reconoce que «se les pide un esfuerzo mayor», pero también les recuerda «que se hicieron funcionarios porque creen en la enseñanza pública y porque están dispuestos a hacer más en favor de la educación pública». Lamentablemente, los dirigentes sindicales, que no todos los docentes –eso está por ver– no responden a la premisa de Esperanza Aguirre. Su posición defiende más un interés gremial que el futuro de sus alumnos y del propio sistema, los grandes perjudicados por la conflictividad. Los sindicatos han esgrimido que trabajar dos horas más, hasta 20, supondrá un recorte definitivo en la calidad de la enseñanza, porque el aumento del horario de impartición directa de clases perjudicará a otras funciones del profesorado. Cuesta trabajo creer que esa alteración o reorganización de las funciones en los centros sea tan severa como para socavar la calidad.

Entendemos que el éxito de la enseñanza reside principalmente en no errar en la metodología educativa y en la extensión de una cultura de trabajo adecuada. Nada ha perjudicado tanto en la formación de los escolares como la erradicación del esfuerzo, la excelencia o la exigencia de nuestras aulas o la minimización de la autoridad del profesorado. Ese deterioro ininterrumpido, con origen en leyes celebradas por la izquierda y los sindicatos como la Logse, se tradujo en altísimos índices de fracaso y abandono escolares que no provocaron movilizaciones de los docentes como las que ahora han anunciado por impartir dos horas más de clase.

La realidad es que ningún colectivo en nuestro país puede vivir en una burbuja sin reparar en la crítica situación que nos rodea. Los recursos públicos son los que son después de ocho años de gobierno socialista. Una administración responsable tiene el deber de racionalizar las partidas, exprimir los presupuestos y, por encima de todo, sanear las cuentas para que los sacrificios de hoy permitan ganar el mañana. Las políticas de gasto demagógicas e irresponsables de la izquierda nos han colocado al borde del precipicio. Como con acierto dijo Rajoy, «España no está para estas cosas». Hay que apelar a la responsabilidad del colectivo de docentes para que se distancien de un cúpula sindical que actúa como un ariete político contra el PP.