Chaves y Griñán cierran los ERE entre negaciones y olvidos

SEVILLa-Ni el presidente andaluz José Antonio Griñán ni su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, aclararon ayer en la comisión de investigación de los ERE por qué el Gobierno andaluz adoptó en 2001 un procedimiento para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis que incurría en una total opacidad, ya que a partir de entonces las ayudas no se publicaron en el BOJA ni las aprobó el Consejo de Gobierno, como en años anteriores. Ambos se encastillaron en el argumento de que el procedimiento, el marco de actuación y la partida 31.L, conocida como «fondo de reptiles» eran legales, pese que el argumento jurídico de la magistrada que instruye el caso es diametralmente distinto y a que el propio Gobierno andaluz ha iniciado un proceso para el reintegro de las ayudas precisamente por la ausencia de procedimiento.

La gestión de Griñán al frente de la Consejería de Economía se ve comprometida al ser uno de los receptores, junto al consejero de Innovación y al de Empleo, de los informes de la Intervención General que pusieron de manifiesto que se estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento establecido» y que la fórmula adoptada en 2001, la transferencia de financiación, en lugar de la recomendada subvención excepcional, acarreaba graves problemas contables como desajustes económicos y partidas fuera de cobertura presupuestaria. El presidente andaluz no se responsabilizó. Utilizó dos argumentos. El primero, que no existió un informe de actuación que sí hubiera encendido la luz de alarma. El segundo, que competía a la Consejería gestora de los fondos, es decir Empleo, tomar medidas. A Hacienda el traslado se hizo, abundó, con copia, «sólo para su conocimiento» y sin acuse de recibo.

La Intervención alertó hasta en 15 momentos distintos de las disfunciones que se estaban produciendo. Pero, según Griñán, «el interventor no detectó irregularidades, sólo discrepaba del procedimiento». Griñán puso en cuestión la labor del PP por tergiversar documentos y «traspasar los límites de la verdad». Incluso espetó a los miembros de este grupo si podían mirarle «a los ojos» para trasladarle algunas de las acusaciones vertidas.

Por su parte, Chaves dijo desconocer por completo tanto el procedimiento y los pormenores para el otorgamiento de ayudas como los reiterados avisos de la Intervención. La responsabilidad la colocó en el tejado de la Consejería de Empleo. Del caso afirmó haberse enterado «por la prensa». PP e IU incidieron en las circunstancias que motivaron el cambio de modelo. El PSOE renunció a preguntar al ex presidente autonómico. Chaves, en un tenso debate con el portavoz popular Carlos Rojas reconoció incluso que no conocía si el convenio de 2001 estuvo acompañado de informes jurídicos –que no los tuvo–. Lo que sí admitió, en línea con lo apuntado por el ex consejero Fernández, es que el convenio de 2001 permitió un «amplio margen de discrecionalidad». Ello posibilitó el caso de corrupción, pero Chaves se negó a reconocerlo. «Calificar la partida 31.L de opaca o "fondo de reptiles"no sólo me parece una desmesura, sino una falsedad». «La discrecionalidad no es incompatible con la legalidad», añadió.

Chaves aseguró, asimismo, que nunca se reunió «a solas» con el ex director general Francisco Javier Guerrero ni con ningún otro director general o viceconsejero. «A solas sólo he despachado con los consejeros».

Los indicios apuntan a ambos
El interventor. El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez aseguró que los avisos del órgano de control fueron desatendidos en 2005. Aclaró que el procedimiento de ayudas «no lo había visto nunca» y enumeró hasta 15 avisos correspondientes a otros tantos informes de control financiero entregados a distintas consejerías y que podían haber frenado el presunto fraude.
Modificaciones presupuestarias. Comprometen tanto a Chaves, porque se autorizaron siendo él el máximo responsable de la Administración andaluza, como a Griñán de forma muy directa.
Mediación. Chaves interfirió directamente en el conflicto laboral de A Novo Comlink, una de las empresas que recibió más fondos (35 millones) y que registra más intrusos (42 pólizas fraudulentas).
La Guardia Civil. El atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado señala que Chaves y todo el Consejo de Gobierno tuvieron conocimiento de las irregularidades.