Montilla «se equivoca de destinatario» al criticar al Tribunal Constitucional

La falta de renovación del TC no puede afectar al «deber institucional» que tiene de resolver las cuestiones planteadas.

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El Tribunal Constitucional tiene, al menos hasta estos momentos, el camino expedito para, a partir del lunes, comenzar a enfilar la recta que debe concluir en una próxima sentencia respecto al recurso del PP contra el Estatut de Cataluña. Ese día se entrará de lleno en el debate del borrador de sentencia de la presidenta, María Emilia Casas, que, si no concita el necesario apoyo para salir adelante provocará que se tenga que sentenciar artículo a artículo. Los últimos obstáculos para ello, planteados por el Ejecutivo de José Montilla y del Parlamento catalán, han sido rechazados de pleno por el TC con duras críticas, a quienes le acusaban de falta de legitimidad para resolver un recurso que camina hacia los cuatro años desde que interpuesto por los «populares».Así, en primer lugar, el Alto Tribunal deja bien claro que Generalitat y Parlamento catalán se equivocan «en el destinatario» cuando se le reprocha por tener cuatro magistrados con mandato vencido desde diciembre de 2007 y por la vacante existente tras el fallecimiento de Roberto García Calvo . Una situación que, enfatiza al respecto, «no es en ninguna medida imputable» al TC.El hecho de que el Senado -en lo que afecta a la renovación de Casas, Gillermo Jiménez, Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde- y el Congreso –en la vacante existente por la muerte de García-Calvo– no hayan cumplido «con el deber que la Constitución les impone», incide la resolución, ni es «imputable a este Tribunal ni a sus miembros, ni puede afectar al deber institucional» que tiene para resolver los procedimientos, entre ellos el relativo al Estatut.En este sentido, vuelve a proclamar la plena legitimidad de la actual composición para sentenciar ese procedimiento. Pretender la abstención de sus magistrados no tiene «base legal» alguna, y, además, supondría «el incumplimiento del deber legal establecido» por la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde se establece de forma taxativa que los magistrados en funciones continuarán «hasta la toma de posesión de quienes hayan de sustituirles».Por otro lado, el magistrado «conservador» Jorge Rodríguez-Zapata ha emitido un voto particular en el que, sin cuestionar que la pretensión del Gobierno de Montilla y del Parlamento catalán debía ser rechazada, sí pone en tela de juicio la prórroga de la presidencia de María Emilia Casas. Y ello, hasta el extremo de considerarla inconstitucional, porque cuando fue elegida la norma «no preveía una automatismo en la prórroga de su mandato». Así, en este punto concreto, da la razón a la Generalitat en lo que se refiere al juez predeterminado por la Ley en lo que afecta a Casas.