Sevilla

El Defensor insta a la Junta a que frene la contratación de personal externo

El escrito se dirige al delegado de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Huelva.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, el Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco), Íñigo Lamarca Iturbe, y la Procuradora General del Principado de Asturias, María Antonia Fernández Felgueroso
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, el Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco), Íñigo Lamarca Iturbe, y la Procuradora General del Principado de Asturias, María Antonia Fernández Felguerosolarazon

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz da en una resolución fechada el pasado 26 de noviembre un serio revés a la política de contratación de la Junta y a su denominada administración paralela, instando claramente a que se eviten las contrataciones externas de personal para tareas permanentes de trabajo, lo que supone además un menoscabo de las garantías de publicidad, libre concurrencia e igualdad de oportunidades.
La resolución está firmada por el presidente de la institución, José Chamizo, y se dirige al delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Huelva, Gabriel Cruz.

Parte de la queja de una interina de la Bolsa de Empleo del Cuerpo Superior Facultativo de Arquitectura Superior, quien denuncia que pese a llevar diez años en esta bolsa, «se contrata a personal ajeno a la misma (externo) para cubrir plazas y funciones no incluidas en las Ofertas de Empleo Público y realizándose la selección del personal sin procedimiento que garantice la concurrencia de aspirantes conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Efectivamente, el escrito del Defensor al que ha tenido acceso LA RAZÓN detalla hasta seis contratos de obra y servicio que oscilan entre los 24.000 euros y los 64.000. La mayoría tienen como objetivo principal el asesoramiento y la asistencia relacionados con el planeamiento urbanístico de la provincia onubense. «El problema –asegura la denunciante en sus alegaciones– no es sólo que dicho personal cubra plazas que deberían ser de interinos o que deberían salir en la Oferta de Empleo Público, sino que además, en muchos casos, no son necesarios: funcionarios de la Delegación Provincial de la Vivienda en Huelva así lo manifiestan al afirmar que reciben órdenes de pasar todo el trabajo a los externos, y así justificar sus contratos». Asimismo, continúa, «en muchos servicios el personal externo supone más del 50 por ciento de los trabajadores, desarrollando funciones propias de funcionarios, no sólo por horario, sino por la confidencialidad y la garantía de éstos».

Así las cosas, el Defensor, pese a reconocer que la contratación se ha realizado «de conformidad con lo regulado por la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público», hace las siguientes sugerencias. La primera, «que se adopten las medidas oportunas para evitar recurrir a la contratación de servicios externos para suplir la carencia de medios personales, cuando se trate de hacer frente a necesidades permanentes de personal». Segunda, «que se evite el riesgo de que –estos empleados externos– se consoliden como personal de ese organismo». Tercero, que los responsables de la tarea encomendada a personal externo «se abstengan de realizar acto alguno que –conforme a lo que ya han dictado los tribunales– pueda conducir al reconocimiento de una situación de cesión ilegal». Cuarta, «que en el proceso de selección para suscribir contratos externos sería deseable evitar la designación del candidato sin publicitar la licitación. Y de existir Bolsa de Empleo (...), podría ofrecerse dichas contrataciones al personal integrado en la misma conforme al orden de prelación establecido». Y recueda además la institución el artículo 23.2 de la Constitución que establece que «los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos». Asimismo y según ha podido saber este periódico, el Defensor ya ha requerido a la Consejería de Hacienda las contrataciones externas que se han producido en este departamento y hará lo mismo con el conjunto de consejerías.


Parada en Oviedo y hoy con la titular de Presidencia
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, el Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco), Íñigo Lamarca Iturbe, y la Procuradora General del Principado de Asturias, María Antonia Fernández Felgueroso, firmaron ayer en Oviedo un convenio e colaboración para el desarrollo de acciones comunes tendentes a una mayor relación con la sociedad. Los tres defensores señalaron que se trata de potenciar sus cauces de colaboración y que están «abiertos» a la participación de sus homólogos de otras comunidades. Hoy el Defensor del Pueblo Andaluz inaugura, a primera hora de la mañana, junto a la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, las jornadas «Empleo inclusivo ante la crisis».