Castilla-La Mancha

No pueden ser más preocupantes las noticias que llegan estos días de Castilla-La Mancha. Se ha hecho allí, en los años pasados, una gestión económica irresponsable, descuadrando las cuentas, dejando 90.000 facturas sin pagar, gastando en unos meses el presupuesto de un curso completo, entregando una herencia envenenada, con empresas públicas quebradas, una administración hinchada, gastos de representación exagerados y organismos innecesarios. Dijo el equipo socialista saliente que había impagados equivalentes a 700 millones de euros. La cruda realidad es que esa cifra se eleva a dos mil millones.

La situación es tan grave que el nuevo Gobierno se encuentra maniatado y con pocas opciones a la hora de abordar los problemas de la región. Pero, dado que los votantes le han elegido para hacerlo, debe ponerse manos a la obra cuanto antes para cambiar de arriba abajo la faz de una autonomía que ha de ser modelo de gestión y ejemplo para las demás.

Bajo mi punto de vista, si el nuevo Ejecutivo popular encuentra razones para ello, la primera medida que debería estudiar es si procede o no denunciar formalmente la actuación de alguno de los anteriores gestores por negligencia. Los políticos en España, y por supuesto los autonómicos, deben saber que gobernar no es gastar sin parar ni comerse en cinco meses el presupuesto del año entero. Gobernar ha de equivaler a gestionar con transparencia. Si hay que denunciar a alguien por haber malversado o malgastado, que se haga. A partir de ahí, el nuevo gabinete tiene la obligación de dedicarse por entero a su comunidad para enderezar la situación cuanto antes.
Hemos visto estos días el conflicto de los farmacéuticos. Se queja este colectivo de que lleva cuatro meses sin cobrar de la Administración, que necesita ese dinero para pagar a los proveedores y que, de no disponer de él, muchas farmacias rurales se van a ver en la obligación de cerrar, pues carecen de ingresos para seguir adelantando el pago de los medicamentos que dispensa el servicio de salud.

La situación es grave, y los farmacéuticos tienen razón. La solución que se les da, endeudarse a cuenta de su patrimonio, no puede ser más peregrina. Algunos boticarios deben ya medicamentos a los laboratorios por valor de 30.000 euros, y el único motivo de esa deuda es que la Administración no les liquida.

La solución al problema no puede ser la de tratar a estos colectivos como si fueran delincuentes. Protestan porque tienen razón. La Junta ha de pagar y hacerlo en tiempo y forma. Los boticarios reclaman lo que les corresponde y el gobierno castellano-manchego debe buscar una solución al problema. ¿Qué diría el señor Echaniz, actual consejero de Sanidad, si llevara cuatro meses sin percibir su salario? Pues el mismo derecho que tiene él a cobrar lo tienen los demás.

La situación en Castilla-La Mancha es tal que es el momento de dedicarse al cien por cien a la región. El PP no puede decepcionar a las decenas de miles de ciudadanos que han confiado en él para que salven a esta Comunidad de la quiebra.