La Intervención denunció que el IFA creó «bases de datos extracontables»

Se trata de convenios que suscribió la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social con empresas, asociaciones y ayuntamientos, y que también se abonaron con cargo a la partida 31L «Administración de Relaciones Laborales», el conocido como «fondo de reptiles». Estos acuerdos han sido reconocidos por la Junta y la documentación se encuentra en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Sobre esta práctica, también alertó la Intervención General en su informe definitivo de cumplimiento de 2005 –referido a las actuaciones de 2003–.

Según ha podido conocer LA RAZÓN, el máximo órgano de control interno advirtió de que el IFA no contemplaba la obligación «de informar con desglose del estado de cuentas individual con fondos recibidos, ayudas pagadas y pendientes de pago a terceros, haciendo imposible el seguimiento contable por los órganos de control. El IFA registra el compromiso de pago derivado del convenio sucesivamente en las cuentas acreedoras genéricas 559 y 412 según la fase en que se encuentre la ayuda».

Este déficit en el Plan General de Contabilidad de empresas de la Junta lo subsanaba con «información adicional en bases de datos extracontables creadas por el Instituto». Aquí sí se podía consultar «el importe comprometido por convenio, el estado de pagos y el importe de transferencias recibidas que se asigna internamente a cada convenio». Un procedimiento ajeno al ordinario.

No eran éstas las únicas conclusiones que emitió el órgano adscrito a Economía y Hacienda. También observó que «con carácter general», no se preveía «un régimen de justificación de los pagos efectuados» y que «salvo en los convenios que tienen objeto el pago a entidades aseguradoras por prejubilaciones de trabajadores, en los restantes, no se fija fecha límite para efectuar los pagos». Estos convenios en los que aparecía el IFA, como los específicos de ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE, incluían la misma cláusula: «La documentación acreditativa de las ayudas obra en poder de esta Dirección General».

Otro de los aspectos que la Intervención expone en su informe es que no pudo «verificar la existencia de actas de las comisiones de seguimiento que manifiestan deben existir». El argumento de la empresa pública es que no se habían constituido «dado el escaso periodo de tiempo transcurrido entre la formalización del encargo y la finalización del mismo». En esta línea, apunta otra anomalía: que al menos en 7 de 14 convenios analizados «no se hace referencia a la necesidad de ser aprobados o ratificados por el consejo rector del ente». En ocasiones, el director general del IFA informó al consejo rector «para su conocimiento y no para su aprobación o ratificación», y en otro caso, sí se le pidió autorización.

Recio insiste: «No existe ni ha existido ningún fondo de reptiles»
El consejero de Empleo, Manuel Recio, compareció ayer en comisión parlamentaria para defender la gestión que la Junta ha hecho de las ayudas sociolaborales para trabajadores afectados por un ERE. Pese a que se entregaron sin publicidad y libre concurrencia, Recio negó la opacidad de esta partida: «No existe ni ha existido ningún fondo de reptiles». El responsable de Empleo insistió en que las ayudas «son legales y sometidas a estricto control» e instó al PP a denunciar en el juzgado «la existencia de más irregularidades».

La Junta, a la defensiva: «Hay deficiencias pero no ilegalidad»
Otro de los capítulos en los que la gestión del IFA obtuvo serios reproches en el informe definitivo de cumplimiento de 2005 por parte de la Intervención General fue el de las contrataciones en materia de personal. El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, defendió ayer la actuación del ente autónomo –reconvertido después en la Agencia IDEA– ya que aunque «hubo deficiencias en los procedimientos, no existió ilegalidad ni paralización en la implementación de elementos de mejora». En una comparecencia parlamentaria apuntó que las contrataciones se ajustaban en todo momento a los convenios del IFA y a derecho, aunque admitió que en la actualidad «hay un mayor acercamiento a los requerimientos de la Intervención». «El control financiero permanente debe desvelar cualquier elemento que se pueda mejorar para que se corrija. La Junta lo usa como elemento de corrección y no debe utilizarse como elemento de crítica constante», sentenció Ávila, para el que «hoy no hay deficiencia en cuanto al seguimiento de las recomendaciones».