Talón de Aquiles por José Luis Álvarez

Tras más de tres años sumidos en una profunda crisis, nuestra economía sigue teniendo su talón de Aquiles en el mercado laboral. Desde que el desempleo tocara mínimos históricos, en la segunda mitad de 2007, hasta el primer trimestre de 2011, el número de desempleados aumentó en algo más de tres millones. Una parte de esa cifra –algo menos de 750.000 parados– corresponde al aumento de población activa, para la que no hay empleo. El resto, aproximadamente dos millones y medio, es el resultado de la destrucción neta de puestos de trabajo.
Frente a semejante problema, llama la atención el comportamiento del empleo público, cuyo número de asalariados ha crecido durante ese mismo periodo en algo más de 250.000 personas. Lo ha hecho gracias tanto a la Administración Central como, sobre todo, a las comunidades autónomas, que han incrementado sus plantillas en casi 200.000 personas. Estas cifras son coherentes con algunas tendencias observadas desde mucho antes de la crisis actual.
Así, encajan bien en la pauta marcada por el proceso de descentralización, que no sólo ha otorgado un peso creciente en el empleo público a las administraciones territoriales, sino que ha supuesto un fuerte crecimiento global de las plantillas del sector público. Son también consistentes con la laxitud fiscal introducida por los tiempos de bonanza económica y, especialmente, por el diseño de nuestro sistema de descentralización territorial. Por supuesto, esta expansión reciente del empleo de las administraciones responde asimismo a la política de aumento del gasto público instrumentada para hacer frente a una exangüe demanda privada. Ahora bien, la cuestión relevante es si se trata o no de una política acertada. Y la respuesta parece ser un claro no. Por un lado, porque las cifras de creación de empleo público palidecen ante la destrucción de puestos en el sector privado. Por otro, y esto es más grave, porque esta política entorpece la creación de empleo en el sector privado a través de distintos canales; por ejemplo, por las apreturas en que se ven atrapadas aquellas pymes a las que las administraciones adeudan cantidades importantes.
En definitiva, es un error confiar al sector público la tarea de generar empleo. A nuestra economía le conviene que los poderes públicos creen las condiciones adecuadas para que sea el sector privado el que asuma esa responsabilidad. Una reforma profunda de la negociación colectiva constituiría un paso decisivo en la dirección acertada.

José Luis Álvarez
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra