El «agujero» calculado por la Policía en los ERE empieza en 495000 euros

Hasta que el Gobierno regional remita al juzgado de Instrucción número 6 la documentación solicitada y avance la investigación, el primer «agujero» horadado en las arcas públicas supera los 495.000 euros, en dos años como máximo.

En su atestado, la Policía Judicial empieza a contar las cantidades que pudieron embolsarse el exsindicalista «conseguidor» de las ayudas públicas, Juan Lanzas, y el comercial de Vitalia «mediador» entre trabajadores, empresa y aseguradoras, Francisco González –además de cualquier otro implicado–, con 63.800 euros abonados por Mercasevilla en 2005 a la firma asesora Hermes Consulting –de la que era socio González– por un informe sobre la necesidad de iniciar un nuevo ERE que nunca fue entregado. El mercado central de abastos abonó poco después 123.000 euros a otra consultora, Maginae Solutions –del cuñado de Lanzas–, por la elaboración del mismo estudio.

Analizando la información de la aseguradora Fortia, que trabajaba con Vitalia en la captación y financiación de regulaciones laborales, se descubrió que Lanzas cobraba por el ERE de una empresa textil donde nunca trabajó, Hitemasa. Los investigadores sospechan que es una de las vías por las que cobraba sus «servicios»: sólo entre octubre de 2009 y noviembre de 2010 se embolsó hasta 47.320,73 euros.

El mismo «modus operandi» se cree que aplicaban los «intermediarios» con Carmen Fontela, «intrusa» en el ERE de Mercasevilla de 2003 y en el de Río Grande de 2005. Los ingresos en la cuenta que abrió para González alcanzan los 130.859,45 euros en dos años.

Queda Antonio Garrido Santoyo, el exdirigente socialista en Jaén ajeno al mercado central pero prejubilado en 2007 que percibió hasta 112.000 euros. La Policía intenta esclarecer quién cobró efectivamente este dinero.

Esto sólo es el principio, porque la prejubilación de Garrido Santoyo era astronómica –de casi 6.000 euros al mes hasta que la Junta suspendió los pagos–, Fontela «valía» 154.000 euros en Mercasevilla y 140.000 euros en Río Grande y la irrupción de María José Rosa Aparicio con una póliza de seguros de 1,13 millones en el mismo restaurante anticipa más «intrusos» con efectos económicos aún difícilmente calculables.


Entramado empresarial organizado
La Policía Judicial certifica la necesidad de «intervenir cuanta documentación obre» en Vitalia Vida y su sucesora Uniter, firmas que trabajaron en la captación de regulaciones laborales con irregularidades, para desenmarañar la supuesta «trama fraudulenta» que se intuye a partir del «caso Mercasevilla». Pero todo indica que las pesquisas profundizarán también en un entramado empresarial organizado, ya que, por orden judicial, el Consorcio de Compensación de Seguros está reuniendo toda la información disponible sobre las pólizas «suscritas por Fortia en las que hubiese intervención de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde 1999» hasta su disolución, formalizada en septiembre de 2009. Esta sociedad estaba presidida por María Vaqué, administradora única de Irson Empresarial SL, a la que pertenecía Vitalia Vida.