El sucesor de Guerrero aprobó pagos de un ERE tras aceptar a un intruso

Sevilla- Juan Márquez Contreras, sustituto de Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social –encarcelado desde la madrugada del sábado–, era consciente desde el primer momento que entre las pólizas de renta para los trabajadores acogidos al ERE de Calderinox había una persona que jamás había trabajado en la empresa. Se trataba de Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado provincial de la Consejería de Asuntos Sociales, que recibió 36.232,19 euros de la partida que investiga la jueza Mercedes Alaya.

Márquez, imputado en la causa, estaba citado ayer para declarar ante los agentes de la Guardia Civil en Sevilla, pero se acogió a su derecho a no hacerlo. Su abogado aseguró que lo hará ante la instructora cuando ésta lo cite y le dé tiempo a estudiar los cargos que pesan contra él.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Márquez aceptó la entrada de Rodríguez Cordobés –también imputado y que declarará ante Alaya el 29 de mayo– aún sabiendo que no tenía derecho a acogerse a esas ayudas. En una reunión el 16 de septiembre de 2009, aparece una nota manuscrita: «J. Rodríguez Cordobés: se incluye en el tema de Calderinox con una póliza al margen».

Ese acuerdo es respetado por el ex alto cargo. El 30 de noviembre, su secretaria María José Rofa –también trabajó con Guerrero– envía un correo electrónico a José González Mata –de una de las mediadoras, Uniter, también imputado– preguntándole por un incremento en el coste de la prima de la póliza que no se puede achacar a «la incorporación de una persona (con coste definible y diferenciado)». Se trata de Rodríguez Cordobés, que figura en el estudio previo como «1 adicional-coste total 36.216,11 euros». El correo electrónico va con copia al entonces director general de Trabajo.

La secuencia de hechos se cierra cuando se firma la póliza 5-83-190.002.081 para pagar a los ex trabajadores. El anexo 1 incluye otra para el ex delegado provincial de Asuntos Sociales, que recibió 36.232,19 del «fondo de reptiles».

No es el único «intruso» en Calderinox. Por imposición de CC OO –el sindicato figura como tomador de la póliza–, se incluye a otro trabajador, Antonio Fernández Garzón, que jamás trabajó en esa empresa. Tanto el líder sindical que medió, Enrique Jiménez, como el beneficiario se encuentran imputados por la jueza.

Márquez Contreras emitió posteriormente varias resoluciones para dar cobertura a estos pagos, extremo que tendrá que aclarar ante la instructora. El actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, también lo hizo.

Las presuntas irregularidades cometidas durante el tiempo de Márquez al frente de la Dirección General de Trabajo–ocupó el cargo desde el 29 de abril de 2008 y hasta el 23 de abril de 2010– muestran que, tal y como sostiene la Guardia Civil en uno de sus informes, el procedimiento establecido para repartir el «fondo de reptiles» no sufrió modificaciones cuando Guerrero salió del cargo.

Entre los hechos que le imputa la instructora, el sucesor del director general encarcelado «ordenó el pago, injustificado al no estar amparado en resolución alguna que revista la menor apariencia de legalidad, de importantes sumas mediante el procedimiento de desvío de fondos o pagos cruzados». Es el caso del ERE de Río Grande, que recibió 1,5 millones de manera injustificada.

En el ERE de Surcolor, también aprobó pagos para 26 trabajadores cuando los despedidos fueron sólo 24.

Es un caso parecido al de la sociedad Aglomerados Morell, donde el imputado firmó resoluciones para abonar cantidades a 24 trabajadores cuando no constaba aprobación de ningún ERE y, en todo caso, sólo 22 pertenecían a la empresa.
Además, el administrador ha admitido que estos despidos no eran necesarios.

El «nacido para el ERE» declara el 19 de abril
Trece meses después de ser imputado en la «trama de los ERE», el ex consejero de Empleo Antonio Fernández declarará ante la juez Mercedes Alaya, que lo ha citado para el 19 de abril. Fernández se acogió al ERE de González Byass y suscribió una póliza a su favor de 400.000 euros –no llegó a cobrar nada–. En ella aparece como trabajador en la empresa desde el día que nació. El ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, pasará por dependencias judiciales el 26 de julio.
 

LA RAZÓN ya denunció que Griñán infló la partida de los ERE
Las modificaciones presupuestarias aprobadas por José Antonio Griñán cuando era consejero de Economía y Hacienda no constituyen una novedad dentro de la investigación de la «trama de los ERE». La primera denuncia surgió el 31 de marzo de 2011 durante un debate parlamentario en la Cámara andaluza. Meses más tarde, este periódico publicó varias de esas modificaciones presupuestarias rubricadas por el actual presidente de la Junta de Andalucía. De hecho, la juez Alaya en un auto de 2 de diciembre reclamó a la Junta «los expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda relativos a modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Consejo de Gobierno, a fin de dotar de la tesorería necesaria a la Agencia IDEA para llevar a cabo las transferencias de financiación encomendadas, bien por la Consejería de Empleo (...) o por otras». Esta solicitud conllevó críticas del presidente andaluz, que acusó a la magistrada de seguir «la agenda de manipulación del PP».