El plagio estatutario

Si ustedes se ponen a mirar las diferencias que hay entre un certificado de defunción y una partida de nacimiento, comprobarán que las diferencias son tan escasas que si no fuera por el sintagma nominal que las precede y, por supuesto, por el nombre del interfecto que se rellena sobre las líneas de puntos, todos nos moriríamos con el mismo papel bajo el brazo o vendríamos al mundo sin conocer nunca a nuestros padres. Son tan parecidos y su obtuso lenguaje de abogados tan idéntico que sólo un tonto podría confundirlos y aún así jamás nadie ha tenido el atrevimiento de asegurar que sean documentos clonados o que uno de otro sea un plagio.
Pues eso mismo que ha servido siempre para diferenciar partidas y certificados, resulta que no vale para los estatutos de autonomía porque a muchos les ha dado ahora por descubrir en ellos las cualidades literarias de los legisladores, como si el Estatuto catalán lo hubiera escrito Lucía Etxebarría y el nuestro, pongamos por caso, que Arturo Pérez Reverte. «Son un plagio», decían no hace mucho con denuedo, haciéndonos tragar retahílas de palabras y pura filfa, hasta que el Constitucional ha venido a poner los puntos sobre las íes (no demasiados, la verdad, sobre tantísimas íes) para que ahora sean esos mismos quienes empiecen a reconocer que sólo dos artículos simulan guardar un parecido razonable. Y digo «razonable» porque no me cabe duda de que quien estuviera al frente de redactar la reforma en Andalucía sabrá de sobra que fue extrapolado el 90 por ciento de toda la paja previamente escrita en Cataluña, pero con sumo cuidado de expresar cosas bien diferentes hablando de lo mismo, igual que en esa famosa maldición gitana («juicios tengas y los ganes») se concentra el suficiente conocimiento jurídico para saber que las palabras de un abogado siempre lo carga el diablo aun cuando un juez –o un Tribunal Constitucional– las aviente luego en el infierno.
Lo que el Estatuto catalán apuntala no es la independencia de Cataluña, sino la dependencia del resto de comunidades españolas hacia su situación de privilegio y ventajismo. 14 artículos han sido declarados manifiestamente ilegales y muchos de los restantes que no han sido censurados también son un despropósito. Aquí nadie escribió lo mismo ni el Estatuto andaluz le fue encargado a José Manuel Caballero Bonald.