Profesionalizar las cajas

El Gobierno ha concedido un balón de oxígeno al sector financiero con su decisión de ampliar seis meses el plazo máximo de salida a bolsa de las cajas de ahorros y para su recapitalización en los mercados financieros. El Ejecutivo, que aprobó el decreto-ley para reforzar la solvencia, credibilidad y sostenibilidad del sector, atendió a uno de los requerimientos principales de las cajas, que habían reclamado más tiempo del contemplado por el Gobierno para afrontar las exigencias de capitalización. En cuanto a esas exigencias, el decreto establece un mínimo de capital principal del 8% y del 10% para aquellas entidades que no coticen, superen el 20% de financiación mayorista y no hayan colocado al menos un 20% de sus acciones entre terceros. Se tendrán que cumplir estas condiciones en septiembre de este año como regla general, aunque, y ésta es la novedad, el Banco de España podrá prorrogar de forma excepcional el periodo para salir a bolsa hasta el primer trimestre de 2012. Si no lo lograran con participación privada, la norma, como ya era conocido, contempla la nacionalización de las entidades con la aportación de capital público del FROB.

El propósito principal es, según el Gobierno, recuperar la confianza de los mercados en la economía española, aunque para ello se presione a las entidades con requisitos de capital muy por encima de los exigidos a sus colegas europeos y los previstos en Basilea III, lo que condicionará su capacidad de competir. Cómo puedan afectar también las exigencias de capital al crédito en España es un dato esencial que el Ejecutivo parece haber relativizado con su decisión de calmar a los mercados como sea, pero que tendrá sus efectos.

Es positivo que se hayan atendido las peticiones de las cajas de contar con más tiempo, pero no compartimos el planteamiento que emana del decreto de una suerte de tabla rasa en la gestión pasada de estas entidades a costa del erario público y sin que el Banco de España entre a fondo en la inspección de lo que ocurrió al menos en aquellas a las que habrá que salvar con la nacionalización.

Nos parece también preocupante que el control político actual –comunidades autónomas y ayuntamientos, entre otros– en la gestión de esas entidades sea reemplazado por el control del Gobierno vía FROB, lo que abre un horizonte de injerencia poco tranquilizador .

El Gobierno no ha contado con el PP, si bien Mariano Rajoy anunció ayer con sensatez su disposición a dialogar la convalidación del decreto. Que una reforma de este calado no cuente con el consenso de los grandes partidos enviará un nocivo mensaje a los mercados.

El Gobierno se ha movido en la improvisación y en la duda con tres reformas de las cajas hasta hoy, resultado de una rectificación sobre otra rectificación. Pero más allá de esa política errática, el futuro del sistema financiero pasa por que esas entidades tengan una gestión y un control absolutamente profesionales, o lo que es igual, por su despolitización total, y por que compitan en igualdad de condiciones con los bancos. Cualquier otro desenlace tras todas estas intervenciones gubernamentales resultará fallido, por lo que cabe esperar que nadie se aparte de ese objetivo final.