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Nueve detenidos por el fraude a discapacitados

Una empresa se quedó con 480.000 euros en subvenciones de la Junta

La consejería que dirige Manuel Recio tiene abiertos varios frentes judiciales relacionados con subvenciones y ayudas
La consejería que dirige Manuel Recio tiene abiertos varios frentes judiciales relacionados con subvenciones y ayudaslarazon

GRANADA- El fraude a la contratación a discapacitados ha tenido ya las primeras consecuencias. La Guardia Civil ha detenido en Elche (Alicante) y Sevilla a nueve personas como supuestas responsables de defraudar 480.000 euros al Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía –el Ejecutivo eleva la cifra a 864.507 euros– mediante el cobro de subvenciones para la contratación de trabajadores discapacitados. Los detenidos montaron en Montefrío (Granada) una empresa para la fabricación de calzado con dinero aportado por la Administración regional a través de subvenciones, y con ayudas del propio Ayuntamiento de la localidad granadina –algo que el Consistorio niega–.
Esta empresa, no obstante, mantuvo una mínima actividad laboral y comercial durante el año y medio que estuvo en funcionamiento. Según la Guardia Civil, durante ese tiempo contrataron a 47 personas discapacitadas por las que recibieron subvenciones por valor de 480.000 euros.
De las nueve personas detenidas, seis están directamente relacionadas con la empresa de Montefrío, y las otras dos son los administradores de dos empresas de Elche (Alicante) que supuestamente suministraron facturas que justificasen la actividad comercial de la empresa granadina.
Los agentes empezaron a investigar en marzo de 2010 tras las denuncias presentadas por trabajadores de la misma. La forma de actuar era la misma: los empleados recibían la mitad de su salario a cambio de que firmaran las nóminas, documentos en última instancia para justificar su actividad ante la Junta.
Las irregularidades en la contratación a discapacitados trascendieron en verano. Una empresa de telemarketing, según CC OO, recibió más de un millón por contratar personas con minusvalía a las que luego despedía quedándose con el dinero. Como en otras ocasiones, el PSOE negó una comisión de investigación en el Parlamento.