Uno de cada cinco asalariados trabaja en el sector público

MADRID- Cuatro años después del estallido de la crisis, la paradoja de la realidad es que uno de cada cinco asalariados en España trabaja para el sector público. Es decir, el 21% de los trabajadores de este país recibe una nómina de los fondos públicos o es funcionario del Estado, según se desprende de la EPA (Encuesta de Población Activa). No obstante, en opinión de Francisco Longo, profesor de Esade, «si remonta la actividad económica, la recuperación de empleos en el sector privado hará bajar ese porcentaje». De momento, el 79% de los restantes ocupados cuenta con un contrato en una empresa privada, al menos hasta que la crisis no le pase factura. Porque los ajustes no han sido los mismos.

Entre el tercer trimestre de 2007 y hasta el mismo periodo de 2011 se destruyeron casi dos millones de empleos privados en España, pero se crearon 288.000 puestos de trabajo en las administraciones públicas. De la regla de tres resulta que por cada empleo público que se creó durante la recesión, se destruyeron ocho puestos de trabajo en el sector privado. Y aún se destruye empleo a un ritmo del 14,4%, según el Informe Regional Agett sobre el mercado laboral.

Velocidad de crucero
Mientras tanto, y de acuerdo con este documento, la Administración pública crea nóminas a una velocidad que, si no es de crucero, casi la alcanzó al llegar al 8,7% en los tres últimos años. Para Longo, «no tiene ni pies ni cabeza». A su juicio, el problema de la plantilla del sector público no es ya su tamaño, sino su falta de «productividad». Además, considera que la Administración «no está para crear empleo directo, sino para promover que las empresas privadas puedan crear puestos de trabajo». En este sentido, y en referencia a la evolución que ha seguido el mercado laboral en Baleares o Andalucía, Longo aprecia que el incremento de las plantillas públicas se corresponde con «políticas desarrolladas como cura paliativa del desempleo». Es decir, el número de ocupados se infló gracias al sector público y, aun así, las cifras de paro han sido desorbitadas.

Precisamente, y según el informe de Agett, las comunidades que crearon empleo público indefinido a un ritmo intenso en función de su tamaño fueron Baleares, con 7.500 contratos públicos indefinidos más; Andalucía, con un refuerzo de la plantilla pública de 91.600 trabajadores; Canarias, con 13.200 empleados más, y Cataluña, con otros 50.700 contratados.

No obstante, los datos de este tercer trimestre del año no muestran diferencias significativas respecto a la tendencia de los tres últimos años. El sector privado perdió en tres meses 118.300 puestos de trabajo. Y la Administración pública contrató, en el mismo periodo, 25.000 empleos. Y es que, según el profesor titular de Esade, «tenemos una Administración pública demasiado acostumbrada a crear empleo, dados los tiempos de bonanza, y ante cualquier nueva necesidad».

En este sentido, advirtió de que la contratación de empresas privadas para proveer servicios públicos hubiera aportado «flexibilidad» al mercado. Es decir, si la Administración, en lugar de aumentar la plantilla pública, hubiera apostado por esta vía, «habría generado más empleo privado y reducido la tasa de paro».

La lucha contra el déficit no casa con el incremento de plantillas
La situación actual de crisis, en la que Europa impone un objetivo de déficit de un 4,4% para 2012, choca con el repunte de la plantilla de las administraciones públicas. Según Francisco Longo, profesor de Esade, «llevamos años incrementando el empleo público, es decir, en la dirección contraria a la de otros países europeos como Alemania; en este contexto, lo lógico sería que se produjera una reducción de las plantillas», advierte.