El interventor exige actuar contra los responsables de los pagos atrasados

El informe de la Intervención acerca de estas partidas para abonar facturas atrasadas –que el Gobierno local justificó en «obras, servicios y suministros necesarios para el normal funcionamiento de la Gerencia de Urbanismo»–, sin embargo, no aplaudió, precisamente, la labor de los gobernantes, instando incluso a «depurar responsabilidades». Así, el interventor censuró los plazos, explicando que dicha «propuesta de gasto debió ser previamente intervenida, fiscalizada y posteriormente aprobada por el órgano correspondiente antes de su realización». No obstante, tras definirlo como «gasto realizado sin haber seguido los trámites legalmente previstos», conminó a adoptar «los acuerdos que procedan a fin de subsanar» los pasos omitidos.

Todo ello, seguido de un «tirón de orejas» explícito a los responsables municipales, advirtiendo de que «la realización de este tipo de gastos» sin la «cobertura procedimental exigida por la normativa vigente» y, por tanto, «nulos de pleno derecho, debe implicar la exigencia de depuración de responsabilidades por actuaciones administrativas irregulares». Durante el Pleno, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Consistorio Francisco Pérez reprendió al equipo de Gobierno por los «encargos fuera de la normativa» de contratación –no «licitados», sino «adjudicados»–, así como por la «evidencia» de que se dejan «facturas en los cajones» de las que se desconoce su «cuantía» exacta.

En los juzgados
Así, aseguró que de las cuatro empresas cuyos pagos se debatían ayer –Sando, Martín Casillas, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones y Montajes Eléctricos y Saneamiento (Imepasi)– también existen recibos impagados, algunos «en los juzgados». «Hay facturas» sin liquidar desde 2004; «¿eso es buen gobierno?», cuestionó. Torrijos negó la «ilegalidad» del procedimiento y los «contratos a dedo» y recurrió a la comparación con Madrid –«que tiene 6.400 millones de deudas»– para sorprenderse de que los populares se «escandalicen por varios millones» de débito de este Ayuntamiento, adquiridos –recalcó– en «años anteriores a la competencia de este delegado». «¿Está usted planteando que no se pague?», interpeló.

Con un argumento similar, el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín –en su último Pleno al frente de la Corporación municipal–, defendió que «no estamos haciendo nada distinto» a «otros ayuntamientos» y lo justificó en que «hemos actuado mucho, más allá de nuestros recursos, porque en la política local es mejor equivocarse por acción que por omisión». Asimismo, recriminó al representante del Grupo Popular –«sin acritud»– por buscar «un titular» y emplear la fórmula de «facturas en los cajones», que «no se corresponde con la verdad», afirmó.

«Charlotada» por el recibo de las banderolas «precoces»
Antonio Rodrigo Torrijos aprovechó la referencia en el Pleno de ayer a Imepasi para mostrar «la factura» derivada de la retirada de banderolas «precoces» de Zoido –algo de lo que ya se responsabilizó la empresa encargada de la instalación–, lo que, según el líder de IU, supuso el empleo de «dinero público» para «reparar una ilegalidad del PP». Tras levantarse para entregar la documentación pertinente al portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rosamar Prieto-Castro –que se despedía ayer como presidenta del Pleno– tuvo que impedírselo, al tiempo que la bancada popular le instaba a no permitir «esta charlotada».