La juez desoye a la Fiscalía y deja libres a los detenidos de la trama de Gisa

La juez encargada de la trama de las supuestas adjudicaciones irregulares de la empresa pública Gisa hizo caso omiso ayer de las peticiones de la Fiscalía, y dejó en libertad con cargos para dos de los detenidos. Son el gerente de carreteras de la compañía en Girona, Jordi Vergé, y el constructor de la empresa Rubau Tarrés, Joan Mozo.

La empresa pública Gisa es investigada por presuntas irregularidades entre los años 2007 y 2010, que habrían sido cometidas en Girona
La empresa pública Gisa es investigada por presuntas irregularidades entre los años 2007 y 2010, que habrían sido cometidas en Girona

Ambos declararon ante la magistrada, en el marco de una operación iniciada el miércoles por la Guardia Civil a petición de la Fiscalía de Delitos Económicos. La investigación se centra en unas supuestas concesiones ilegales de obras públicas por parte de Gisa en Girona desde 2007.

Los dos arrestados, que se negaron a declarar, están acusados de un delito de soborno y de alteración de precios de concursos y subastas públicas. El fiscal pedía prisión provisional sin fianza, y sigue estudiando la documentación conseguida en el registro de la Guardia Civil, a la que se sumó la facilitada por los abogados de Gisa. Por su parte, la fiscal jefe de Cataluña, Teresa Compte, aclaró que la operación se centra en saber si hubo acuerdos para alterar los precios de la subasta pública.

Reacciones políticas

La operación que permitió destapar esta trama provocó un alud de reacciones políticas. Vergé fue nombrado por el tripartito, y el ex conseller de Política Territorial y Obres Públiques, Joaquim Nadal, insistió en ofrecer la «máxima colaboración» con la Justicia y pidió «respetar la presunción de inocencia de los detenidos», todo a través del Twitter, ya que no mantuvo ningún contacto con la Prensa. El secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, negó que Vergé fuera «un hombre de confianza» de Nadal.

Desde la Generalitat, el president, Artur Mas destacó que esta investigación judicial se ciñe al periodo entre 2007 y 2010, cuando gobernaba el tripartito en Cataluña, si bien dijo que su intención no es «señalar con el dedo a nadie». Mas aseguró no tener «información precisa» sobre los hechos que se están investigando.

No obstante, para dejar claro que en ningún caso la investigación afecta al actual Govern, subrayó que la Justicia está repasando adjudicaciones de obra en los años anteriores a su llegada al poder, que son «responsabilidad de otro Gobierno».

La consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, aseguró que la Generalitat «no se plantea ninguna modificación en la legislación para la adjudicación de obra pública», en referencia a la investigación sobre Gisa. La consellera mostró «sorpresa» por el presunto caso de corrupción, al igual que el titular de Territori y Sostenibilitat, Lluís Recoder.

 Por su parte, el conseller de Economia, Andreu Mas–Colell, señaló la posibilidad de encargar auditorías de empresas públicas, como sería el caso de Gisa. «Colaboraremos con la Justicia con transparencia», dijo.


Investigación, registro y detenidos
- La investigación comenzó cuando se detectaron presuntas irregularidades en la adjudicación de un dique del puerto de Barcelona, por un valor de 40 millones.
- La Fiscalía investigó y ordenó a la Guardia Civil el registro de la sede de la empresa Gisa en Barcelona.
- La Guardia Civil detuvo a cuatro personas el miércoles en Girona y a otras cinco en Barcelona.
- Sólo dos de estos detenidos pasaron a disposición judicial, y quedaron en libertad con cargos.
- La Fiscalía está estudiando la información disponible para esclarecer los hechos.