Las suministradoras planean recurrir el canon del agua

BARCELONA- Las suministradoras de agua en Cataluña siguen en pie de guerra ante las nuevas medidas que modifican el sistema de pago del canon del agua, incluidas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2012. Y es que a partir de ahora, éstas deberán pagar el citado tributo que grava el uso del agua con finalidad ecológica, que en la actualidad pagan los consumidores domésticos y las industrias. Además, deberán asumir la morosidad del impago de dicho canon.

Ante esta modificación, las empresas suministradoras optaron por incorporar los mayores costes derivados del nuevo canon a las tarifas finales y los nuevos precios fueron aprobados por la mayoría de ayuntamientos implicados. El problema surgió cuando se trasladaron las nuevas tarifas a la comisión de precios de la Generalitat, que debe dar el visto bueno antes de que éstas se hagan efectivas. Según fuentes del sector, dicho organismo público demoró su veredicto un par de meses, hasta que finalmente el 20 de julio hizo pública una decisión que no ha hecho más que calentar los ánimos de las entidades suministradoras, que ahora estudian presentar un recurso.

La comisión de precios aceptó la modificación de las tarifas, pero excluyendo los impagos producidos como resultado de la morosidad de los ciudadanos en el pago del canon. Es decir, aceptó el incremento de precios del agua en la factura final debido a la repercusión del nuevo canon que han de asumir las suministradoras, pero descartó la posibilidad de hacer asumir al consumidor final la morosidad del canon al considerar que éste no se puede repercutir en el usuario, una tesis defendida en un primer momento por la representante de la Agencia Catalana del Agua (ACA) en la comisión de precios.

Las entidades suministradoras consideran que se confirma el carácter inconstitucional del nuevo canon, ya que, como establece la Carta Magna, los tributos no pueden tener un carácter confiscatorio y se ha de garantizar que exista una vía de resarcimiento al impago. Por ello, están estudiando presentar un recurso, a la espera de que la ACA modifique la norma.

Un momento delicado
- La actitud de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que dirige Leonard Carcolé, ha vuelto a enrocar las relaciones con el sector. Se trata de una situación especialmente delicada en un momento en el que la Generalitat ha activado el proceso de privatización Aigües Ter-Llobregat.
- Fuentes del sector denuncian que en estos momentos es imprescindible dar tranquilidad y confianza a los mercados y sus actores, que son los posibles inversionistas, y por el contrario, con su actitud, la Agencia Catalana del Agua, cuestiona la seguridad jurídica y crea desconfianza.
- Aigües Ter-Llobregat provee el agua a las suministradoras de Barcelona y su área metropolitana. Arrastra una deuda de 660 millones. La Generalitat pide 400 millones y otros 600 durante la duración de la concesión.