La Junta sí celebrará Debate sobre el Estado de la Comunidad en verano

Valladolid- Castilla y León sí que tendrá Debate sobre el Estado de la Comunidad en verano. Así lo confirmó el portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tras explicar los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno.

Al respecto, señaló que el Ejecutivo autonómico «está en tiempo y plazo» para presentar la convocatoria, aunque recordó que la tramitación de los presupuestos para 2012 es prioritaria cuendo entra en las Cortes regionales.

De Santiago-Juárez también se refirió al cruce de críticas de PP y PSOE, por la posible celebración de este debate el 26 y 27 de junio. Al respecto, se preguntó «quién ha dicho que no vaya a haber debate, sólo se puede deber a un transtorno de la imaginación y del conocimiento» por «imaginar» que se iba a llevar a cabo la próxima semana y criticar a la Junta.

Asimismo, indicó que «a los ciudadanos les importa un bledo los líos y la descoordinación de los socialistas de Castilla y León, que es lo que han mostrado; es un sainete. Los ciudadanos están en otras cosas y el Ejecutivo autonómico también, por eso a la descoordinación del PSOE no le vamos a dedicar ya ni un minuto más, ellos sabrán como lo arreglan».

Sobre la posible fecha, el portavoz afirmó que será «en verano», ya que «nosotros somos muy respetuosos con el Reglamento del Parlamento autonómico, y la tramitación de los presupuestos es una prioridad».

En cuanto a la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy de no celebrar el Debate sobre el Estado de la Nación, De Santiago-Juárez afirmó que «yo sólo soy portavoz de la Junta de Castilla y León, no del Gobierno central, por eso sólo me toca respetar las decisiones que tomen».

Variante de Guardo
Por otra parte, De Santiago-Juárez se refirió a los hechos sucedidos el pasado miércoles en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuando agentes de la policía judicial se dirigieron a la funcionaria que intervino en el expediente de la variante de Guardo. En este sentido, declaró que «hay que se exquisitamente escrupulosos con el derecho de presunción de inocencia» de la empleada pública. Además, explicó que a la funcionaria del grupo A se la tomó «declaración policial, no judicial, y se la dejó en libertad sin cargos ni fianza».