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Quito

Peligra la muerte del toro en Quito

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, impuso su polémico proyecto para prohibir las corridas de toros mediante un referendo que acabó con más de 500 años de tradición taurina.

La Razón
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 «¿Está usted de acuerdo que en su cantón se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?», fue una de las diez preguntas que debió responder la ciudadanía. A nivel nacional, el «Sí» se ha impuesto con 61%, contra 39% que votó «No». Ahora cada comarca deberá aplicar el resultado de su propia votación... Y peligra Quito, donde la Feria de Jesús del Gran Poder es uno de los encuentros taurinos anuales más importantes a nivel continental.

La prohibición de Catalunya sirvió de argumento de los antitaurinos, así como la asimilación del toreo con una fiesta colonial, que evoca el discurso anticolonialista de Correa. Correa, señaló que los ecuatorianos se pronunciaron sobre esta «práctica de la burguesía». «Vamos a desterrar en este país toda forma de violencia», indicó. El mandatario manifestó días atrás «será el pueblo ecuatoriano el que decida si somos un territorio libre de esos espectáculos que en el siglo XXI son anacrónicos».

Al comienzo, Correa pretendía prohibir totalmente las corridas, pero luego flexibilizó su postura e introdujo el concepto de la muerte del toro y las torturas a los animales. Por tanto, las corridas podrían celebrarse si no se mata ni maltrata al animal. El propio vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno, reconoció ser aficionado a las corridas. Ahora, el torero ecuatoriano Álvaro Samper pide a Moreno que devuelva los trajes de luces que le regalaron El Fandi y Sebastián Castella, matadores granadino y francés, respectivamente. «Asiste a muchos festejos taurinos, a tentaderos en el campo, yo he estado con él y es, más bien dicho era, un buen aficionado», declaró Samper.

El presidente ecuatoriano presentó el pasado 17 de enero un total de diez preguntas a la Corte Constitucional, cinco de las cuales son enmiendas, pues reforman parte de la Carta Magna del país, mientras que las otras son preguntas sobre asuntos generales. El 15 de febrero la Corte Constitucional dio luz verde a la consulta y mantuvo lo fundamental de las preguntas, aunque con algunos cambios.