Asesinos con sueldo

MADRID- Llorenç Morell, que asesinó a su esposa en 2005, y Nemesio Antonio Pisonero, que mató a la suya en 1998, han pasado los últimos años cobrando la pensión de viudedad. En el primer caso, la Seguridad Social admitió que fue un «error»; en el segundo, el Ministerio de Economía (encargado de su pensión, por ser el asesino funcionario), reconoció que no podía hacer mucho por revocar la prestación, pues era «legal». Los dos casos, conocidos en el transcurso de poco más de una semana, han escandalizado a las víctimas y a toda la sociedad. Pero no son los únicos. Así lo han denunciado varias asociaciones de mujeres y de víctimas de la violencia de género. Y así lo reconocen las administraciones.

Pese a que la legislación prohíbe, desde 1967, que un asesino se beneficie de la pensión de su víctima, no fue hasta 2005, con la Ley Integral, cuando se empezaron a cruzar los datos: las sentencias condenatorias con los beneficiarios de pensiones de viudedad. Sin embargo, este sistema también tiene lagunas, como se ha demostrado. La Seguridad Social asegura que «los rastreos que se han hecho nos dicen que los casos son excepcionales», pero reconocen que «puede haber más errores». Las asociaciones feministas aseguran que puede haber decenas de asesinos cobrando la pensión de su víctima.

«Mala práctica generalizada»
Carmen Sánchez, presidenta de la Asociación Beatriz de Hinestrosa de Víctimas de la Violencia de Género, asegura conocer varios casos similares a los de Morell y Pisonero. «Lo incongruente de esto es que existe una ley tajante, pero no se cumple. Cuando se detectó el primer caso, se pensó que era un error, pero es una mala práctica generalizada que siempre beneficia a los verdugos y perjudica a las víctimas». Sánchez se refiere a que, incluso cuando los procedimientos de control funcionan, una pensión no se puede denegar hasta que no hay sentencia firme, lo que implica un procedimiento de varios años. La portavoz del Instituto de la Seguridad Social admite que, incluso en el caso de Morell, no se pudo retirar la prestación aun conociendo el proceso judicial hasta que el fallo no fue firme, porque «una pensión es un derecho», que no se puede denegar a la ligera. Esta portavoz explica que no puede haber muchos casos, en primer lugar, porque «la mayoría, ni siquiera pide la prestación», y porque «hay mucha sensibilidad desde hace muchos años y los controles funcionan».

Suspensión cautelar
Para las asociaciones de mujeres no es suficiente. Ángela Cerrillo, presidenta de Mujeres Juristas Themis, asegura que «la Ley no ha previsto que cuando hay un procedimiento abierto contra un presunto asesino debe enviarse un comunicado a la Seguridad Social o a Muface para que suspendan cautelarmente» la pensión. Para Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, estos casos son «un descuido imperdonable y una falta de coordinación entre Justicia y Seguridad Social». A su juicio, «da igual la fecha en que se produjera el crimen, es de sentido común que el que produce una muerte no se beneficie de ella», por lo que exigió que el Gobierno abra «una investigación para averiguar cuántos casos existen y desde qué año. Y deben devolver hasta el último euro».

Por su parte, la diputada del PP y ex vicepresidenta de la comisión de Igualdad Carmen Quintanilla aboga por un cambio legislativo que evite estas situaciones: «La pena de cárcel por asesinar a su mujer debe ir aparejada a la pérdida de la pensión de viudedad. Habrá que cambiar las leyes para establecer condenas accesorias, que obliguen a retener los bienes del condenado. A partir de ahí, los jueces podrían actuar de oficio y suspender la pensión hasta que se conozca el resultado del juicio».

«Mi padre mató a mi madre y tenía derecho a pensión»
«Mi padre, Antonio Serrano, mató a mi madre, Christine Lang, en septiembre de 2008. La sentencia condenatoria no ha sido firme hasta septiembre de 2011». Natalia Serrano Lang asegura que, hasta entonces, no ha podido quitarle al asesino el derecho a cobrar de su víctima. «Sólo en la sentencia se reconocía, y mi abogado lo vio como una victoria». Su padre no llegó a cobrar, porque la pensión de su madre era de Alemania, y allí la suspendieron de forma cautelar. Pero podía haberla reclamado. «Incluso podía haber dispuesto de la herencia», denuncia.