Navarra
Absueltos los 20 acusados de Udalbiltza por ser un proyecto «nacional pero no terrorista»
La Fiscalía, que pedía para cada uno diez años de cárcel por ser de ETA, no recurrirá la sentencia ante el Supremo
MADRID- El «caso Udalbiltza» (la Asamblea de cargos municipales acusada de actuar a las órdenes de ETA) ha terminado, a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo, igual que el de «Egunkaria»: con pleno de absoluciones. Como hiciese el pasado abril con los cinco directivos del diario abertzale procesados por actuar presuntamente al dictado de la banda terrorista, la Audiencia Nacional ha absuelto a los veinte miembros de la Asamblea de Electos de Batasuna-Udalbiltza Kursaal acusados de integración en ETA. De esta forma, los dos últimos macroprocesos judiciales contra la izquierda abertzale (con el principal de todos ellos, el de Batasuna, todavía en el horizonte) han supuesto todo un fiasco para las acusaciones. De hecho, la Fiscalía no parece dispuesta a recurrir la sentencia, según aseguraron ayer fuentes fiscales.
En este caso, el tribunal –presidido por Javier Gómez Bermúdez e integrado también por los magistrados Ramón Sáez y Manuela Fernández Prado– ha considerado que Udalbiltza «es simplemente una idea y un proyecto nacionalista, pero no terrorista».
Xabier Alegria, cosa juzgada
Los acusados, encabezados por Xabier Alegria, se sentaron en el banquillo acusados de integración en ETA y, algunos de ellos, de malversación de caudales públicos, imputación que finalmente retiró el fiscal y que sí mantuvo la única acusación popular, Dignidad y Justicia (DyJ). La absolución de Alegria estaba cantada, pues ya fue condenado como dirigente de ETA en el macrojuicio contra el entorno de la banda (por lo que es de aplicación la excepción de cosa juzgada) y su acusación de malversación «no ha quedado probada», según la Audiencia.
En la resolución, la Sala despeja ambas acusaciones de un plumazo. En primer lugar, deja claro que «no consta que ETA haya recibido dinero o fondos de Udalbiltza». Y para rematar, añade que –pese a que la iniciativa «no desagrada» a los terroristas, «incluso le interesa»– «no se puede concluir que sea una iniciativa de ETA ni que se haya constituido porque ETA lo ordena». De hecho, subraya que «no hay una sola prueba» de que alguna de sus iniciativas haya sido remitida a la banda criminal «para su aprobación».
Para los magistrados «la mera coincidencia o sintonía entre los objetivos que ETA autoproclama como justificación de su actividad delictiva y los de Udalbiltza no son constitutivas de delito alguno».
El tribunal echa por tierra el informe policial en el que las acusaciones sustentaban la supuesta malversación de caudales públicos (66 ayuntamientos del País Vasco y Navarra aportaban al consorcio de Udalbiltza el 1% de su presupuesto) para financiar a la banda terrorista.
Críticas a un informe policial
Según los jueces se trata de un «estudio económico» del que no se deriva un uso ilegal de los fondos. Y reprocha a sus autores que partan de la premisa de que «todo lo que nombre ETA está bajo su control, sea la lengua, el deporte, la soberanía, la autodeterminación, la nacionalidad o la política en general, lo que conduce a criminalizar la cultura y el deporte vasco o las ideas independentistas».
La Audiencia, muy crítica con las acusaciones, a quienes reprocha la «endeblez» de sus tesis, insiste en que éstas se reducen a la «coincidencia o adhesión ideológica» de los procesados con algunos de los «objetivos políticos» de ETA, «lo que, por sí, no constituye delito». La Constitución, recuerda la Sala, «permite defender por vías pacíficas cualquier idea».
El fallo cuenta con un voto particular del magistrado Ramón Sáez quien, aun coincidiendo con la sentencia, defiende que DyJ debería haber sido condenada en costas (como pedían las defensas) por empecinarse en mantener la acusación de malversación de manera «infundada» y «arbitraria».
«Acorde con el cambio de escenario»
- Los veinte absueltos ayer celebraron su liberación con un análisis muy revelador: «La sentencia sí que va acorde con ese cambio de escenario, con esa luz al final del túnel». La ex alcaldesa de Amoroto (Vizcaya) María Victoria Ugarteburu, que habló en nombre de los liberados, subrayó que «sí ayuda en ese camino, pero no las detenciones y las persecuciones políticas, eso de ninguna manera». En esta línea, añadió que «estamos ante una nueva fase política. Eso ya no lo niega prácticamente nadie y quien lo niega es porque tiene miedo a esas soluciones». Por último, reclamó indemnizaciones.
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