Un atasco de tres millones de asuntos

MADRID- Los más de 5.100 jueces y magistrados se enfrentan a una carga de trabajo de casi 1.900 litigios de media. Sobre sus espaldas, más de tres millones de asuntos en trámite. Los datos hablan por sí solos. Con semejante volumen de litigiosidad, es obligado medir mucho el despliegue de medios y el tiempo empleado en la tramitación y resolución de los asuntos. Cualquier paso en falso puede incrementar aún más el sempiterno colapso judicial, la espada de Damocles de una Administración acuciada siempre por el aluvión de denuncias que llegan a los juzgados, a los que debe hacer frente una planta judicial todavía insuficiente. Sin ir más lejos, el último informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, que preside el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, concluye que en España hacen falta 423 nuevos jueces. No hace falta recordar que la ratio de jueces por habitante (en nuestro país hay 5.187 jueces y magistrados según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial) sigue siendo de las más bajas de los países miembros de la Unión Europea.

El informe del citado Observatorio, dependiente de la Fundación Wolters Kluwer, que preside Rosalina Díaz, apuntaba uno de los posibles déficits: la creación de unidades judiciales por parte del anterior Gobierno socialista en lugares donde no eran imprescindibles.

La litigiosidad, mientras tanto, sigue en aumento. Sólo en el periodo que va de 2005 a 2010 (los datos de 2011 todavía no se han hecho públicos) se ha incrementado en un 21 por ciento: de 7.728.699 a 9.355.526 asuntos con entrada en juzgados y tribunales anualmente. Y eso que, en estos cinco años, el número de jueces y magistrados ha aumentado en mayor proporción (22,7 por ciento), pasando de los 4.225 de 2005 a los 5.187 de 2010.

Las jurisdicciones civil y penal se sitúan en cabeza en número de causas (1,3 millones la primera frente a 1,1 millones la segunda). Inevitablemente, esa desproporcionada litigiosidad acarrea que los tiempos de tramitación de los asuntos sean prolongados: nueve meses y diez días de media en los Juzgados de lo Penal, siete meses y 21 días en los de Primera Instancia, y hasta trece meses en la Sala Primera del Tribunal Supremo. La palma, no obstante, se la llevan los Juzgados de lo Mercantil (dos años).

Las comparaciones, en este caso, son odiosas. Si Francia, por poner un ejemplo cercano, se enfrentó en 2010 a seis millones de asuntos con una población de 65 millones de habitantes (casi veinte más que la de España según el último censo), en esos mismos doce meses a los juzgados y tribunales de nuestro país llegaron 9,3 millones de causas (más de tres millones más que el país vecino). De este modo, el porcentaje de los que no pueden tramitarse aumenta cada año que pasa. En 2007 el porcentaje era del 4,57% de los ingresados y en 2010, del 15,43%, tres veces más.