Vocales «progresistas» abogan por quitar competencias a Justicia

Así lo sostienen los vocales «progresistas» del Consejo General del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez, Inmaculada Montalbán, Félix Azón y Margarita Robles en un documento que, en principio, se analizará en el Pleno de mañana y que ha sido trasladado a la Carrera Judicial. Las medidas concretas de política judicial para esa reforma estructural de la Administración de Justicia propuestas por los cuatro consejeros –designados todos a propuesta del PSOE– abarca cuatro aspectos esenciales: la estructura y composición del propio Consejo, las competencias de éste, la «dispersión e indefinición competencial en materia de Justicia» y reformas legales.

Renovación parcial y no total
En cuanto las reformas que afectan al propio CGPJ, parten de que para la elección de sus vocales «deberían reforzarse los requisitos de mérito y capacidad». Así, los doce de procedencia judicial «deben ser nombrados de entre los que tengan más experiencia de gobierno, méritos y capacidad, estén o no asociados». Ni para el anterior Consejo ni para el actual se designó un solo magistrado no asociado. Otra reforma relevante que afecta al CGPJ es la propuesta de que su renovación se realice de forma «parcial», similar a la del TC, y no en su totalidad cada cinco años. Y, en todo caso, los vocales «deberían cesar automáticamente» si a los meses de vencer su mandato no han sido renovados.

Junto a ello, sostienen que el Consejo debe asumir dos competencias que, en estos momentos, están en manos del Ministerio de Justicia: la retribución de jueces y magistrados y el proceso de selección de jueces. También entienden que es inaplazable una reforma legal y reglamentaria que permita «ampliar la representatividad» de los nombramientos que realiza el propio Consejo de presidentes de tribunales. «La incapacidad, en algunos casos, y la extrema dificultad, en otros, de efectuar los nombramientos discrecionales en plazo por parte del CGPJ, especialmente cuando la ley exige una mayoría cualificada de votos, puede producir prácticas indeseables que hay que corregir», esgrimen.

Por otro lado, tras reconocer que la implantación de la nueva Oficina Judicial «no está produciendo los efectos deseados», advierten de que el volumen de litigios existente es «inasumible en plazos de tiempo razonables, es decir, sin las escandalosas dilaciones que se producen en la actualidad en algunos órdenes jurisdiccionales y territorios». Para salir de esa situación, esos vocales sostienen que es imprescindible «una reforma procesal en profundidad» de las leyes procesales que imprima agilidad a los procesos. Sin esa reforma «no hay organización judicial ni número de jueces que pueda hacer frente a la litigiosidad actual y la previsible en plazos razonables», concluyen.