La «rifa» de precios para la ITE se salta el control de seguridad

Pero el brutal descenso de las obras ha provocado que arquitectos y aparejadores se encuentren en una situación de casi nulo movimiento. ¿El resultado? La ley de la oferta y la demanda cobra mayor trascendencia, más aún desde que las tarifas se liberalizaron en diciembre de 2009 por la Ley Ómnibus y cada profesional puede establecer el coste de sus servicios.

Las estrategias seguidas van del buzoneo a los inmuebles afectados, con el presupuesto ya estipulado, hasta la pegada de carteles ofertando precios de saldo: desde 50 euros por el informe definitivo. Una práctica que el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (Coaat) denuncia porque «quien cobra esa cantidad no están haciendo un trabajo técnicamente profesional. Eso no es un trabajo de verdad, es un montaje». El secretario técnico del Coaat, Francisco Olivero, insiste en que «muchos no visitan el edificio; simplemente llaman, les remiten fotos por correo y con esa información elaboran la ITE». Incluso, alerta de que «van de la mano de la constructora, que asume las reparaciones recomendadas y ahí inflan el presupuesto».

Un procedimiento que dista mucho de las exigencias reflejadas en la ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones. En el documento que se entrega a la Gerencia de Urbanismo se exige haber comprobado la seguridad a nivel estructural y de cimentación, así como el estado de la fachada, la cubierta o las redes de saneamiento y electricidad. Un test que requiere la presencia física de un profesional cualificado y que comporta en ocasiones pruebas específicas como apertura de catas o desmontaje de falsos techos.

La prohibición de fijar unas tarifas no impide que el Coaat haya establecido recomendaciones para sus afiliados sobre cómo realizar con garantías una ITE. También facilitan información a propietarios, a través de charlas en los distritos o con comunidades vecinales, en las que «les instamos a huir de esa gente que no realiza de forma profesional las inspecciones. Luego, la calle es la que manda, porque muchos no quieren pagar más por un informe que es obligatorio», lamenta. «El Ayuntamiento no quiere que se repita la tragedia del Bazar España», asegura Olivero. Pero, una vez que existe un documento avalado por un profesional, ya sea aparejador o arquitecto, cualquier responsabilidad derivaría en éste.

Si el informe es positivo, la tarea termina ahí. En caso de ser negativo, «puede ocurrir que deban acometerse obras de rehabilitación –subsanables en un plazo de 10 ó 15 años, cuando se revise la ITE– o que exista peligro inminente, en cuyo caso el Ayuntamiento se persona en el inmueble y toma medidas, incluso el desalojo», explica el secretario técnico del Coaat.

En este sentido, critica que la «responsabilidad que se asume es muy alta» porque se deja en manos del técnico la decisión sobre cualquier elemento de seguridad. Si éste careciera de seguro de responsabilidad civil –como el Coaat denuncia que ocurre para rebajar costes–, sería un colegio profesional el que asumiría los daños derivados de un análisis deficiente, ya que la normativa establece que las inspecciones deben ser visadas por éstos.