Adolfo Suárez
El mal sueño de la independencia
PP, PSOE (con PSC incluido) y UPyD tumban la propuesta de ERC para que el Estado transfiera la competencia para la consulta
MADRID- Era la primera vez que el Congreso de los Diputados se pronunciaba sobre el polémico referéndum de Cataluña. Y no será la última, seguro. Pero en el ensayo al que el independentista catalán Alfred Bosch sometió a la Cámara Baja no hubo margen para la duda: el Parlamento español está mayoritariamente en contra de que los catalanes, y sólo los catalanes, decidan sobre el futuro de aquella comunidad porque ésta forma parte de un todo que es España. Y por tanto, también rechaza, como pedía ERC –en una proposición no de ley– que el Estado ceda a Cataluña las competencias para poder convocar consultas populares vía referéndum. Conclusión: los independentistas fracasaron en su primer intento, pese al apoyo de CiU, PNV, la Izquierda Plural y una parte del Mixto. Una amplísima mayoría sumada por PP, PSOE y UPyD dio al traste con la propuesta. El marcador quedó como sigue: 276 votos en contra y 42 a favor sin abstención alguna en una votación a la que faltaron, con causa justificada, dos de los 14 diputados del PSC, que respetó la disciplina socialista, pese a que durante el día hubo dudas de cuál sería el sentido de su voto.
El debate que precedió a la votación no fue, sin embargo, en contra de lo que algunos preveían, ni tenso ni subido de tono. Claro que ni Bosch es el más experimentado de los parlamentarios de ERC ni tiene grandes dotes para la oratoria. El resto de grupos huyó además de la bronca y el exabrupto. Así que el republicano se quedó en lo «deplorable» que le parecía que algunos se escuden en la crisis económica para impedir un debate sobre el futuro de Cataluña y en la mención a Adolfo Suárez para pedir «algo tan sencillo como trasladar al Parlamento lo que ya en la calle es norma», en este caso, el supuesto deseo de los catalanes de separarse de España. «A veces nos dicen que eso es ilegal. ¿Cómo puede ser ilegal votar?», clamó. «Ustedes hoy ganarán, pero no convencerán», advirtió el independentista a PP y PSOE antes de que Joan Iñarritu, de Amaiur, se alinease con sus tesis. El abertzale no se bajó de la tribuna hasta lamerse las heridas del rechazo del Parlamento español al Plan Ibarretxe y recordar que se llegó a modificar el Código Penal para encarcelar a un lendakari si convocaba un referéndum. En el lado de ERC y Amaiur se situó, como era esperado, Aitor Esteban, del PNV, que dio su respaldo a la propuesta de ERC, tras advertir de que «nadie intente volver a poner en vigor el delito por la convocatoria de referéndums», como le pasó al ya antes mencionado Ibarretxe. De la intervención de Jordi Xuclá, de CiU, lo esperado tras la decisión de Mas de subirse a la crecida soberanista. Un «sí» a la propuesta de ERC y un discurso para dejar en manos del tiempo el «a ver qué pasa». «Tengamos los próximos días, semanas, meses un debate democrático y en aras de la democracia, y a la luz de ella respetemos el camino de los pueblos y de las naciones», concluyó.
Llegó el turno de Rosa Díez, de UPyD, y se rompió la cadena de posiciones a favor de la la iniciativa. Aclaró que si bien la convocatoria de consultas es inherente a las democracias, «la democracia también elige sobre qué quiere votar». En penúltimo lugar intervino el socialista Ramón Jáuregui, para decir que lo de Cataluña «no se resuelve con una consulta que obliga a los ciudadanos a elegir entre dos posiciones extremas, cuando los resultados electorales que llevamos en los treinta años demuestran que la mayoría (de catalanes) tienen sentimientos de pertenencia compartidos». Así se preguntó: «¿Por qué obligarles a decidir entre dos extremos?». Su alternativa, el avance autonómico con «perspectiva federal» que, a su juicio, «ofrece notables avances en la organización del Estado». Ley y pacto fueron sus recetas.
Cerró el debate el popular Arturo García Tizón, para quien la proposición no de ley no es sino una «modificación constitucional encubierta». El del PP aprovechó para subrayar que la Carta Magna del 78 «es un punto de encuentro», lo que explica «su éxito en sus más de 30 años de vigencia».
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