España es hoy más creíble

Cuesta encontrar en las dos legislaturas socialistas una decisión en política económica del calado de la reforma constitucional para limitar el gasto público. Sólo desde el equilibrio fiscal se pueden sentar unas bases sólidas que favorezcan la recuperación. Mariano Rajoy lo entendió hace muchos años, porque el Gobierno de Aznar cimentó su éxito económico en la disciplina y en la contención plasmada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Ejecutivo socialista derogó para favorecer el dispendio. Por eso, el presidente del PP propuso esta modificación de la Carta Magna hace un año, pero el Gobierno la despreció con especial displicencia por parte de Pérez Rubalcaba, que prácticamente se mofó de la misma.

El acuerdo, alcanzado en una negociación liderada por Rodríguez Zapatero y Rajoy y que fue registrado ayer en el Congreso, contempla la modificación de la Constitución para incluir un principio de equilibrio presupuestario que impida al Estado y a las comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural que supere lo establecido por la UE. Además, una futura ley orgánica precisará un déficit estructural global máximo del 0,4% para el conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020. Estas cifras, así como el proceso para alcanzar el objetivo de deuda dentro de nueve años, podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018 para atender a las circunstancias de los ciclos económicos, de acuerdo con el texto pactado.

Es un paso adelante determinante que reportará credibilidad a una economía necesitada y fomentará la confianza internacional en España. La decisión, respaldada por el 90% de los representantes de la soberanía nacional, nos situará también en la vanguardia de los países comprometidos con la gobernanza europea. No es, sin embargo, una pócima milagrosa que solucionará los graves desequilibrios de un país que necesita reformas estructurales de amplio espectro, pero sí es un pilar decisivo sobre el que impulsar cambios imprescindibles.

El importante grado de consenso político es también un valor añadido que fortalece el mensaje enviado a Europa. La polémica sobre la tramitación urgente de la reforma de la Carta Magna y la no convocatoria de un referéndum es baladí. No hablamos de intervenciones en el texto que afecten a derechos fundamentales, sino a retoques de carácter técnico que requiere un procedimiento ordinario.

Aunque no afecte al fondo del asunto, existe una lectura política que salpica a Rubalcaba y al propio PSOE. Veremos el alcance de la oposición interna a la reforma, pero esa contestación desconocida hasta hoy no es una buena noticia para un líder socialista que además ha tenido un rol marginal en una negociación relevante.

La reforma constitucional debe ser un punto de inflexión que culmine con el cambio político y una nueva directriz para España. La disciplina presupuestaria o, lo que es igual, el saneamiento de las cuentas públicas, es una cuestión de Estado. Unas arcas públicas solventes proporcionan prosperidad y facilitan el desarrollo de políticas de fomento de empleo y de creación de riqueza. De todo ello nos ha privado el gasto público incontrolado de los socialistas y ésa ya es una responsabilidad histórica.