El pago de las administraciones se reducirá de 159 a 80 días

MADRID- El Gobierno trabaja ya sobre un plan para reducir la morosidad de las administraciones públicas y dejarla a niveles europeos. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se comprometió ayer ante las pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos a que Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos paguen a sus proveedores en el plazo de 80 días en el transcurso del año, lo que supondría reducir a la mitad el actual tiempo de morosidad, cifrado, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, en 159 días. Mariano Rajoy estuvo acompañado de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta; Luis de Guindos, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, y Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Pública. Se trata de una medida excepcional, que tiene como objetivo recuperar la credibilidad y la confianza en la administraciones públicas como pagadoras.

A la cola de Europa
España es, por detrás de Italia y Grecia, el país de la Unión Europea que más tiempo tarda en pagar sus facturas. La media de la UE es actualmente de 82 días, aunque hay estados como Finlandia que abonan su compromisos con los proveedores en apenas 25 días. Otros como Suecia o Alemania satisfacen sus deudas en 36.

El plan de pago a proveedores es el primer paso de una serie de medidas encaminadas a que las administraciones públicas dejen atrás la negra leyenda que las acompaña desde hace varias décadas. De acuerdo con la ley de morosidad, el sector público debería pagar este año en 45 días y el sector privado en 75.

La difícil situación por la que atraviesa la financiación en nuestro país como consecuencia del elevado nivel de déficit con el que cerró el pasado ejercicio (8,51% del PIB) y las negras previsiones económicas para este año impedirán alcanzar este objetivo. En 2013, de acuerdo con la directiva comunitaria, todos los países de la Unión Europea deberán abonar sus deudas con los proveedores de bienes y servicios en un plazo máximo de 30 días, 60 para el sector privado.

Para alcanzar estas metas es absolutamente imprescindible el plan de pago aprobado por el Ejecutivo con el fin de que el endeudamiento no alcance niveles más insostenibles.

Todas las asociaciones empresariales presentes en la reunión –ATA, UPTA, CEAT, por los autónomos, Cepyme y las patronales sectoriales de la CEOE– manifestaron su satisfacción por la propuesta gubernamental, aunque expresaron algunas dudas.
La primera está relacionada con las quitas. El objetivo del Gobierno es abonar la deuda completa que mantienen autonomías y corporaciones locales, dejando a éstas la negociación con empresarios y autónomos, sin que exista un criterio preestablecido.
La segunda duda está relacionada con la efectividad de la operación, dado que la mayoría de las empresas que se pueden beneficiar de este plan mantienen a su vez deudas, en su mayoría con entidades financieras. Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), pidió al Ejecutivo que el dinero del plan fluya realmente en la economía y no vuelva a los bancos.

Reforma tras reforma
Rajoy aseguró ayer que ésta será la legislatura «de las reformas» y defendió que no hay alternativa a la reducción del gasto público. En coherencia con esa estrategia opuesta a la que siguió el Gobierno socialista, y de la que está excluida la promesa de los «brotes verdes», el jefe del Ejecutivo explicó que España atraviesa una situación «difícil», en la que el Gobierno seguirá tomando decisiones complicadas porque es lo que necesita la economía. Y entre esas decisiones «complicadas» estará el control del gasto público de un modo «justo, razonable y equitativo».

Rajoy anticipó que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se presentarán a finales de este mes serán unos presupuestos difíciles para unos tiempos difíciles, que irán acompañados de más medidas, como la reforma del sector público o el paquete de iniciativas que impulsará el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía española. «Lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Es lo que más daño puede hacer a la economía del país», explicó.

El presidente del Gobierno defendió ayer que para hacer frente a esta «difícil situación» hay que seguir controlando el déficit, hay que concretar la reforma del sistema financiero para que fluya el crédito y hay que impulsar medidas que aminoren los efectos de la crisis, como la del pago a proveedores que ayer presentó pymes y autónomos en la reunión a la que los convocó en Moncloa.

Ley de emprendedores
El Ejecutivo seguirá luchando contra el déficit, en coherencia con sus compromisos adoptados con Bruselas, pero, al mismo tiempo, seguirá haciendo reformas en el ámbito educativo, de la Justicia, en I+D o en materia energética. Rajoy recordó que en 2011 las arcas españolas gastaron 90.000 millones de euros más de los que ingresaron, una situación «insostenible» a largo plazo. Y esto justifica –subrayó– que se sigan adoptando decisiones «con la mayor justicia y equidad posibles».

Una de las reformas futuras en la que los pequeños empresarios y trabajadores autónomos tienen más interés es la llamada ley de Emprendedores. De momento se ha constituido una comisión interministerial para empezar a avanzar en las líneas maestras del texto legal.

Mayo, el mes señalado
Pequeñas y medianas empresas y empresarios autónomos empezarán a recibir el dinero del plan de proveedores en el mes de mayo. El Consejo de Ministros del pasado viernes cerró el mecanismo de financiación de este paquete de 35.000 millones de euros para saldar las deudas que mantienen ayuntamientos y comunidades autónomas con sus proveedores. Un mecanismo que, en opinión de Soraya Sáenz de Santamaría, supondrá un estímulo importante para la reactivación de la economía y un alivio de la situación de miles de pequeños negocios. De los 35.000 millones de euros de que consta el plan, entre 7.000 y 10.000 millones serán aportados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Los 25.000-28.000 millones de euros restantes procederán de la mayor parte de las entidades financieras. El tipo de interés que cobrará la banca será del 5% y habrá dos años de carencia, en los que únicamente se pagarán los intereses, no el principal de la deuda.