Los criterios «políticos» decidían las ayudas de los ERE en Andalucía

SEVILLA- La primera jornada de declaración de Juan Márquez Contreras, sustituto de Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, sirvió de nuevo para comprobar que los criterios políticos han prevalecido sobre los jurídicos en ese departamento durante la última década. Según aseguró ante la juez Mercedes Alaya, él es «un político» y, por tanto, no escudriñó durante su gestión los procedimientos administrativos que consideraba «legales», ya que su prioridad eran los temas económicos. Entiende que para eso estaban los funcionarios: «No he visto un interventor en mi vida», señaló.

Ésa fue, según abogados presentes en la sala, su justificación tras conocer que la magistrada le responsabiliza de conceder 154.250.040,99 en ayudas de manera irregular entre 2008 y 2010, tiempo que estuvo en el cargo. La instructora le imputó la comisión de cuatro delitos: omisión del deber de perseguir delitos; malversación de caudales públicos; prevaricación omisiva y activa, y falsedad en documento oficial, todos de manera continuada.

Según Alaya, el papel de Márquez en la «trama de los ERE» consistió en tratar de tapar las irregularidades y desmanes cometidos durante la etapa de Guerrero. Un ejemplo: meses después de llegar al cargo, recibió el informe de la Agencia Tributaria que investigaba los 1,3 millones de euros concedidos a empresas sin actividad, propiedad de Juan Francisco Trujillo, el chófer de Guerrero en prisión. No hizo nada. No es lo único que le reprochó la juez. Hasta dos informes jurídicos de Garrigues –encargados por él mismo– y Pricewaterhouse le confirmaron que el procedimiento seguido para repartir el dinero ideado en 2001 a través de un convenio con una empresa pública de Empleo era ilegal. No lo puso en conocimiento de la autoridad judicial. En menos de dos años repartió 114 ayudas sociolaborales y 17 subvenciones directas a empresas.

Márquez aseguró que no conocía el convenio de 2001 y dio a entender que ni se lo había leído y que tardó casi un año en conocer el déficit administrativo existente en su departamento, hecho que trasladó al consejero Antonio Fernández –hoy en prisión– y al viceconsejero Agustín Barberá –que declarará el 27 de julio–.

En su escrito de imputación, la juez argumentó que su conducta supuso un uso abusivo de fondos públicos que ocasionó que se «regalaran» ayudas a personas próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE. Sólo su decisión de dar continuidad al ERE de Mercasevilla de 2007 generó un quebranto económico de 9 millones a la Administración autonómica.

Según los letrados presentes, durante su declaración cayó en numerosas contradicciones y el desconocimiento argumentado era una estrategia diseñada por su defensa para argumentar ausencia de dolo en sus actos. Llegó a decir que él sólo firmaba las órdenes de pago que le ponían por delante y que siempre actuó «por delegación».

Chaves irá «con mucho gusto» a la comisión de investigación
De forma paralela a la instrucción judicial, a partir del 23 de julio comenzarán las comparecencias en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz. Uno de los que acudirán será el ex presidente de la Junta y ex vicepresidente del Gobierno Manuel Chaves, que lo hará «con mucho gusto» y con «absoluta tranquilidad», según declaró ayer en Almería. Junto a Chaves también irá José Antonio Griñán para aclarar las responsabilidades políticas. Ninguno está imputado en la causa.