La Junta conocía desde 2003 que las pólizas de los ERE estaban infladas

Sevilla- La presencia de los intermediarios en la negociación de los ERE es uno de los aspectos de la «trama» que ha tenido menos trascendencia pero constituye una de las aspectos más sombríos. La juez que instruye el caso ha apuntado en alguna ocasión que estas empresas y/o conseguidores eran los grandes beneficiarios de la puesta en marcha de un ERE ya que recibían importantes comisiones de la operación. Los investigadores de la Guardia Civil han dado cuenta de que éstas alcanzaban hasta el 20 por ciento del coste de las pólizas. El PP andaluz denunció que el desembolso hecho por el Gobierno andaluz por este concepto desde 2001 estaría en torno a 150 y 200 millones de euros, «siempre con la participación de los mismos intermediarios y aseguradoras, sin que hubiera concurso alguno».

Desde que se conoció el escándalo, el Ejecutivo de Griñán ha negado la existencia de estos pagos. Sin embargo, un documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN demuestra que la inclusión de mediadores era una práctica habitual al menos desde 2003, fecha en la que está firmada una carta de Francisco Javier Guerrero, el ex director General de Trabajo y Seguridad Social imputado, que desvela el funcionamiento seguido por la Consejería de Empleo. La misiva, dirigida a la compañía Vitalicio Seguros, señala: «En relación a la póliza que les ha sido adjudicada que cubre las rentas del colectivo de prejubilados de Minas de Río Tinto, como continuación a mi carta del día 21 de septiembre en las que le comunicaba el nombramiento de Vitalia S.A. como intermediario de la operación y la autorización para que incluyera en la póliza los gastos indicados por el citado mediador por su actuación de asesoramiento e intermediación, les comunico que, de acuerdo con el protocolo firmado en fecha 31 de julio de 2003, D. José González Mata –imputado en la causa– interviene asimismo como mediador de la operación a través de Ingotor S.L., por lo cual incluirán asimismo en la prima bruta de la operación los gastos adicionales, que por su actuación de asesoramiento e intermediación, les indique el citado mediador».

El ex alto cargo no sólo ordena que se incluyan dos mediadores en una misma operación, sino que le transmite a la compañía aseguradora que serán los propios intermediarios los que señalen sus honorarios. La Junta de Andalucía como financiadora de las pólizas acabará haciéndose cargo de los pagos.

Esta laxitud en los controles es lo que ha permitido que las comisiones se dispararán hasta porcentajes inhabituales en este tipo de operaciones.

En un auto de 27 de enero de 2012, la juez Mercedes Alaya desglosa las comisiones recibidas en algunas operaciones por Vitalia. Así, en el ERE de Aglomerados morell «los gastos para comisiones se situaron en un 20,51 por ciento por encima de la media del sector situado en un 5,65 pagándose un sobrecoste del 14,86%, de forma que debiendo ser los gastos por comisiones de 152.897,30 euros, se pagó 555.201,10, es decir un exceso de 402.303,89 euros».

En otro de los ERE investigados, el de Río Grande, las comisiones se dispararon «hasta el 18,14 cuando la media se situaba en un 2,51, lo cual supuso una comisión de 222.415,77 superior a la media del mercado».

En el expediente de Surcolor, el exceso recibido por Vitalia –su director comercial, Antonio Albarracín, y responsable regional en Andalucía, Jesús Bordallo, están imputados– se fija en 367.298,05 euros.

La instructora, para razonar las imputaciones de los tres ex directores generales –Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y, el actual, Daniel Alberto Rivera– critica «el dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta de Andalucía a través de sus altos cargos», ya que habrían autorizado pagos inflados y que, en algunos casos, incluían también a intrusos, personas que jamás habían trabajado en las empresas acogidas al ERE.

Pese a que la práctica de pagar comisiones estaba tan extendida y desde hace tanto tiempo, la Junta de Andalucía negó en varias ocasiones en el Parlamento haber hecho estos abonos. Lo hicieron tanto la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, como el responsable de empleo, Manuel Recio.

El PP denunció el pasado 3 de febrero ante el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla «que en la Consejería de Empleo obran, desde hace tiempo, documentos acreditativos de importe de las primas abonadas a las distintas compañías aseguradoras con el desglose de que parte de las mismas iban destinadas al pago de comisiones a las intermediarias». En ese mismo escrito, reclamaba que aportara la «información documental» sobre estas comisiones, de las que, al menos desde 2003, existe constatación de que se han incluido en las pólizas.

Posible nulidad de las prejubilaciones de Surcolor
La juez Mercedes Alaya cree que todas las prejubilaciones asociadas al ERE de la empresa Surcolor «serían nulas» al no mediar en el procedimiento ni solicitud, ni protocolo de colaboración ni resolución de la Delegación provincial de la Consejería de Empleo, según informó ayer Europa Press. La instructora avisa de que la totalidad de los despidos implicados en este procedimiento «serían nulos» porque las indemnizaciones fueron consumadas sin exigir la previa resolución del delegado provincial de la Consejería de Empleo autorizando la extinción de los puestos de trabajo.