Al Asad decreta una amnistía «a medias» para los presos políticos

Sin más detalles y en un breve anuncio hecho a través de la televisión estatal, el régimen quiere calmar a los opositores que llevan desde mediados de marzo pidiendo su fin en las calles del país, primero, tímidamente y ahora cada vez con más fuerza. En estos meses, los grupos de defensa de los Derechos Humanos calculan que han muerto unas 1.000 personas, sin que el presidente se haya mostrado dispuesto a la más mínima concesión, ni siquiera ante la presión internacional.

Al Asad ha hablado vagamente de reformas, sin dar detalles ni pasos concretos, al igual que en el caso de la amnistía anunciada ayer, que afectaría a las 10.000 personas encarceladas desde el comienzo de las revueltas. La televisión siria detalló que la amnistía consiste en el perdón de la mitad de la pena siempre y cuando no haya una denuncia interpuesta por un individuo. Así, la pena capital se sustituirá por cadena perpetua, la cadena perpetua se conmutará por 20 años de cárcel –excepto para los mayores de 70 años, que son indultados– y los mayores de 70 con penas de prisión temporales serán excarcelados. A los presos con delitos menores se les perdonará la pena, así como a los menores y a los desertores del Ejército.

Este nuevo gesto supuestamente conciliador del Al Asad coincide con una operación de castigo de sus fuerzas contra la provincia de Homs, en el centro de Siria, uno de los principales focos de la rebelión, en la que habrían muerto 16 personas desde el domingo. Por ellas y por todos los «mártires» de Siria, los miembros de la oposición –reunida estos días en Turquía– dijeron que la oferta de Al Asad llega demasiado tarde.

De la represión a las sanciones
El 10 de mayo, la Unión Europea emitió un conjunto de sanciones contra el régimen sirio que incluía un embargo sobre la venta de armas, la suspensión de ayudas y la congelación de activos a 13 representantes del régimen. El 18 de mayo, EE UU decidió sancionar directamente al presidente Al Asad y a otros seis líderes de su Ejecutivo por su papel en la represión contra los manifestantes en el país. El 23 de mayo, la UE endureció su posición y en un segundo paquete de penalizaciones optó por negar al presidente y a doce de sus funcionarios la entrada a Europa y congelar sus activos.