García Marcos cree «ilícito» el registro de su domicilio

El letrado José Luis Rueda sostuvo durante la séptima sesión del juicio por el «caso Malaya» que la resolución que ordenó el juez instructor Miguel Ángel Torres, así como los autos que motivaron las escuchas telefónicas que le fueron practicadas, «adolecen de motivación y están llenos de afirmaciones tautológicas de carácter general», ya que se pretende por el instructor que se justifiquen por sí mismas sin aportar datos.

Además, solicitó la impugnación de las declaraciones prestadas por la que fuera portavoz del PSOE al considerar que «se le interrogó por unas conversaciones telefónicas y por el dinero intervenido, a lo que ella contestó dando unas explicaciones de las que pudiera deducirse que explícita o implícitamente está reconociendo tanto el contenido de las conversaciones como el dinero intervenido».

En este punto advirtió de que «si el registro es ilícito y si las conversaciones son ilícitas, también deben declararse nulas las declaraciones y expulsarse del proceso».

Por su parte, la defensa de la ex edil del GIL Carmen Revilla, solicitó que no sea tenida en cuenta la declaración que presentó tras su detención al argumentar que fue «forzada» y que lo único que quería era «volver a casa y dar de cenar a sus tres hijos y a su madre de 80 años».
No obstante, aseguró que Revilla encara el procedimiento «con la tranquilidad de saberse inocente» así como con «la indignación por los métodos utilizados».

La defensa del ex concejal Miguel Jiménez –cuya mujer fue durante más de una década secretaria personal del ex alcalde Jesús Gil y que falleció de un infarto el día de su detención–, también criticó el procedimiento llevado a cabo durante la instrucción y lo calificó de «esperpento». El letrado pidió «que no se mantenga ni un minuto más la pena de banquillo» de su defendido, para quien pidió se sobresea la causa.