La obesidad de la administración paralela

Sevilla- La Junta aprobó en el último Consejo de Gobierno ordinario una serie de medidas encaminadas a reducir el gasto en el amplio anillo de empresas públicas. Entre estas medidas, la eliminación de coches oficiales o la limitación de sueldos para que ningún directivo cobre más que un viceconsejero: 59.564 euros. El presidente de la RTVA tiene unos emolumentos que rondan los 120.000 euros. En el plan de Reequilibrio Financiero 2012-2014 también se incluyen otras medidas de ajuste del sector empresarial, como la «extensión de la medidas de ahorro y eficiencia al sector público instrumental y culminación del proceso de reordenación», con un impacto de 23 millones. No obstante, la tupida red de empresas, fundaciones, consorcios y otros entes públicos prácticamente no los ha tocado el Ejecutivo de Griñán, pese a que a principios de 2011 se aprobó la Ley de Reordenación del Sector Público.

El espíritu de esta ley fue el de reordenar, no recortar y «enchufar» a 22.000 trabajadores provenientes de empresas mercantiles –el entrecomillado es de las plataformas de empleados públicos críticas con la Junta–, que vieron blindados sus puestos de trabajo.

Como ejemplo de la obesidad de la denominada administración paralela de la Junta, un botón. El catálogo de entes contenido en el Plan de Reequilibrio remitido al Ministerio de Hacienda. Hay más de un centenar de agencias, sociedades, fundaciones y consorcios de la Junta. Y no son todos con los que cuenta la Administración autonómica. El propio Gobierno andaluz reconoce en su informe que «no constituye un inventario exhaustivo de entidades dependientes de la Junta». El presidente del PP-A las cifró esta semana en el Parlamento en 372. En las cuentas de este año se reconocen unas transferencias para estos entes de 3.321 millones, aunque la oposición las eleva hasta los 5.000 millones. Hay casos llamativos de este anillo empresarial. La Radio Televisión andaluza cuenta con unas transferencias de 123.011.947 euros y la oposición ya ha augurado que puede cerrar este año con un déficit que ronde los 60 millones. De las ocho macroagencias sobre las que pivota el sector público, la de mayor volumen es la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya). En el Presupuesto de 2012 cuenta con 257 millones. El pago de nóminas se lleva la mayor parte: más de 150 millones de euros. Fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) señalan que cuenta con entre 5.500 y 6.000 trabajadores. La segunda en volumen es la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa). Tiene 230 millones de presupuesto. 108.494 es para gasto de personal. Cuenta con entre 3.000 y 3.200 empleados, según un acta interna a la que accedió LA RAZÓN.

Es oportuno recordar que el secretario de Estado Antonio Beteta aseguró a principios de julio que de las 600 empresas públicas que las comunidades deberían haber suprimido, sólo han liquidado dos, por lo que catalogó el cumplimiento autonómico como un «absoluto fracaso».