Tras la resolución del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas presentadas por la coalición de partidos Bildu, muchas han sido las reacciones, alabanzas, críticas, etc. Yo no seré quien valore tal resolución, porque ni debo ni puedo, y vaya por delante mi máximo respeto a todos los integrantes del Alto Tribunal; en cualquier caso habrá que esperar a conocer el texto de la misma, y descubrir cómo se concilia el amparo del derecho a acceder a los cargos públicos, con el respeto al núcleo fuerte de la valoración de la prueba que le corresponde al Tribunal de Justicia, en este caso el Tribunal Supremo. Pero al margen de ello, me llaman poderosamente la atención las reacciones y posturas planteadas en torno al fallo. Hemos visto cómo un partido político presenta la resolución del Tribunal Supremo ante la Comisión Europea, para que ésta se pronuncie sobre si la ilegalización de la coalición electoral Bildu por parte del Tribunal vulneraba los derechos de ciudadanía europea; cómo un partido político condicionaba su apoyo al Gobierno, a la decisión que pudiera adoptar el Tribunal Constitucional. Hemos leído que un nutrido número de juristas, se pronunciaban en contra de la sentencia del Tribunal Supremo y apelaba a la responsabilidad del presidente del Tribunal Constitucional para que avocara el asunto al pleno del órgano; hemos visto cómo responsables políticos, que hace unos meses, cuando el Tribunal se enfrentaba al examen de constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, lo demonizaban, ahora ponían de manifiesto su máximo respeto y confianza en el Tribunal. Paralelamente, en el típico argumetario que de forma más o menos espontánea surge en torno a este tipo de debates, se dibujaba un temor a lo que sobre este tema pudiera decir Estrasburgo, el Tribunal de Derecho Humanos se entiende, y se advertía de que en caso de que el Tribunal Constitucional no estimara el recurso de la coalición, nos exponíamos a una segura condena del citado Tribunal, pudiéndose llegar a una repetición de las elecciones, casi nada. Nadie pone en duda la importancia de una sentencia del Tribunal Europeo en esta materia, pero todavía no ha alcanzado una naturaleza que le permita adoptar este tipo de decisiones. En cualquier caso, nunca se debe temer a los Tribunales, se debe tener responsabilidad y pretender el acierto, nada más. Hasta ahora lo que sabemos es que este Tribunal ha dicho que la ilegalización de Batasuna fue una «necesidad social imperiosa», y se añadía que la sentencia por la que el Tribunal Supremo ilegalizó el partido etarra tenía el objetivo de «mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos»; y por ello la ilegalización por parte de España no supuso una violación del principio de libertad de reunión y de asociación y añadía que cualquier partido puede proponer el cambio de la estructura constitucional de un Estado si cumple dos condiciones: que los medios utilizados sean legales y democráticos y que el cambio propuesto sea compatible con los derechos democráticos fundamentales. La resolución alababa la claridad de la Ley de Partidos e indicaba que la Ley «no está destinada a prohibir la defensa de ideas o doctrinas que cuestionen el marco constitucional, si no a conciliar la libertad y el pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia». Éstos son los parámetros básicos, y siempre han sido la guía máxima de nuestros altos tribunales en la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, y más allá de esto, el tiempo dará o quitará razón. Pero al margen de la decisión, creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión seria sobre el respeto que se les tiene en España a los Altos Tribunales, más bien el poco respeto que se les tiene, sobre cómo su valoración cae en picado o sube a los altares, en función de la derivada política que de sus decisiones se haga, y este asunto resulta paradigmático. Nuestro sistema legal y nuestros Tribunales tienen resortes suficientes como para poder adoptar cualquier decisión sin el temor a lo que se decida en Europa, y resulta curioso cómo algunos buscan en Europa lo que cuestionan en España. La tensión a la que se intenta someter a los Tribunales en España es vergonzante, a veces más propia de un espectáculo deportivo. En la Justicia, como en el fútbol, el resultado es lo importante, pero en la retina del espectador quedarán también grabadas las condiciones en las que se desarrolló el resultado, y así, quedará para la historia la victoria del Barça sobre el Madrid en la reciente eliminatoria europea, pero también recordaremos las circunstancias que la rodearon, y esto no es bueno (perdón por el ejemplo). Las crisis de las instituciones en una democracia, son mucho más graves que las peores crisis económicas. Estas nos harán más fuertes, las otras más débiles.