CSI-F y Safja llaman a la movilización contra el «decretazo»

La Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público, más conocida como el «decretazo», ha dado pie a la unificación de 114 entes autonómicos en ocho macroagencias, suprimiendo 166 cargos directivos.

Tras esta modificación, rechazada por la gran mayoría de funcionarios de la comunidad, subyacen, como mínimo, dos formas de defender los derechos de los trabajadores por parte de los sindicatos. De un lado, CSI-F y Safja critican la falta de diálogo de la Junta, así como una reforma que supone –aseguran– un recorte de derechos, una privatización camuflada y, sobre todo, un abuso al convertir en funcionarios a trabajadores de empresas públicas que no han opositado. CC OO y UGT se han sumado a la política de la Junta, mostrando su apoyo en la mesa de negociación.

Las plataformas críticas tienen la intención de seguir con las reivindicaciones que tantos quebraderos han dado a la Junta con el objetivo de que rectifique. La «reforma más profunda de la historia de la función pública en Andalucía» encuentra posturas encontradas, según la cercanía a la Administración. Y en el trasfondo, las elecciones sindicales del 28 de abril en la Administración pública (salvo en Sevilla y Jaén), cuyo resultado –se antoja– estará influenciado por este conflicto.

Alicia Martos, responsable de Función Pública en CSI-F

1. ¿Cómo cree que afecta a los trabajadores públicos de la Administración andaluza la reordenación del sector aprobada en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía?
«Se transforma empleo privado en público sin las garantías de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, propiciándose una equiparación discriminatoria y un retroceso en la carrera profesional pues al trasvasarse estructuras y funciones a las agencias avanza la privatización».

2. ¿Considera que habría que poner freno a la contratación de trabajadores externos por parte de la Junta de Andalucía? ¿Qué alternativas propone el sindicato?
«No se ha demostrado que la externalización sea más barata ni que proporcione servicios de mejor calidad, sino que ha servido en ocasiones para duplicar funciones o huir de los controles del derecho administrativo. Un pacto global que ponga coto a esta política es más necesario que nunca».

3. ¿Cómo valora la negociación que mantiene la Junta de Andalucía con las plataformas sindicales en los distintos temas que afectan a las Administración autonómica?
«La negociación es una palabra que el Gobierno andaluz no entiende. Las mesas de negociación son cada vez más mesas de imposición, incumpliéndose la ley».

4. ¿Qué tres medidas tomaría para mejorar el funcionamiento de la Administración General de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta la actual situación de crisis económica?
«Que se instaure una verdadera participación de los empleados públicos a través de sus representantes sindicales en aspectos cruciales del funcionamiento, que se cuente con su experiencia y sus propuestas. Que se respete la Constitución y las leyes en todo lo relativo al ejercicio de las funciones públicas. Que se acometa la negociación inmediata de una Ley de la Función Pública, en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público».

5. ¿Cuál es la propuesta que resume el espíritu del sindicato y que lo diferencia del resto de plataformas?
«Nuestras señas de identidad son la independencia y la profesionalidad. Nuestra propuesta de modelo de gestión de defensa de lo público debe pasar por respetar estas dos premisas».

6. ¿Qué importancia otorga a la movilización social y qué se propone, en este terreno, de cara a los próximos meses, a las puertas de unas elecciones municipales en la comunidad?
«Se ha demostrado que las movilizaciones obligaron al Gobierno y a partidos a escuchar el posicionamiento de CSI-F en el Parlamento y dar marcha atrás con dos decretazos impuestos. Las movilizaciones siguen».

7. ¿Cree que la estabilidad presupuestaria de la comunidad andaluza está garantizada a medio plazo o se tendrán que realizar más ajustes en la Administración?
«No vemos ningún indicador en contra de que la estabilidad presupuestaria esté a corto plazo en riesgo. La reordenación supone la transformación de subvenciones y transferencias de crédito en gasto corriente, pero el gasto sigue siendo el mismo».

8. ¿Qué cuota electoral se marca su plataforma para las próximas elecciones del 28 de abril?
«Que la tendencia de respaldo mayoritario se consolide en la Administración de la Junta».