El CGPJ no logra consensuar un candidato para relevar a Dívar

MADRID- Se busca magistrado del Tribunal Supremo para presidir catorce meses el órgano de gobierno de los jueces y la más alta instancia jurisdiccional del país. Ese perfil es lo único en lo que parecen estar de acuerdo los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que hoy se reunirán para intentar poner nombre y apellidos al sustituto del dimitido Carlos Dívar. Sólo diez días después de que la institución haya pasado página a una de sus etapas más convulsas –epilogada con la primera renuncia de un presidente del Supremo en sus 200 años de historia– vocales «progresistas» y «conservadores» tienen ante sí el reto de elegir por consenso al sucesor de Dívar al frente del CGPJ y del Alto Tribunal, puestos que ostentan ahora de forma interina Fernando de Rosa y Juan Antonio Xiol, respectivamente.
El mensaje de unidad que deberían trasladar a la sociedad con un candidato de consenso que recibiera el respaldo mayoritario del Pleno –más allá, incluso, de los doce vocales necesarios– dependerá, según las fuentes consultadas, de lo que ocurra en una sesión con hora de comienzo pero sin hora de conclusión. A pesar de las conversaciones mantenidas ayer por vocales de uno y otro signo, es difícil hacer pronósticos pues ninguno de los dos candidatos que parecen contar con más opciones –el ex fiscal general del Estado Carlos Granados y José Ramón Ferrándiz, magistrado de la Sala Civil del Supremo– contaban al cierre de esta edición con los apoyos mínimos necesarios para suceder a Dívar (la mayoría de tres quintos antes referida). Pese a todo, la intención de los vocales es no prolongar más la interinidad de ambas instituciones y no levantarse sin que se haya consensuado un nombre. «Sí que puede haber fumata, aunque sea tarde», aventuran las fuentes consultadas.
Si finalmente ninguno de los dos candidatos es capaz de aglutinar en torno a su candidatura el consenso necesario no se descarta, añaden, que se ponga sobre la mesa el nombre de un «tapado» que contente a unos y otros (sin ser el candidato ideal para ninguno) capaz de sumar los votos de esos doce vocales.
Granados, magistrado de la Sala Penal del Supremo, es el preferido por varios vocales «progresistas», que ven en el ex fiscal general del Estado –miembro de la Asociación Francisco de Vitoria– al candidato ideal para sustituir al dimitido Dívar. Sin embargo, a priori no cuenta con el respaldo necesario para ser el elegido. Más apoyos concita la candidatura de Ferrándiz (incluido el de la vocal «progresista» Margarita Robles), ex presidente de la «conservadora» APM, cuya candidatura defienden la mayoría de vocales «conservadores».
Ayer, según fuentes del CGPJ, los defensores de una y otra candidatura intentaron convencer a los indecisos, pero para comprobar si sus gestiones han llegado a buen puerto habrá que esperar al Pleno y se pongan sobre la mesa éstos y otros nombres en la palestra.

Examen «fantasma» a los jueces del TC
Sólo seis diputados en un escenario vacío. La Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados otorgó ayer su idoneidad, salvo por la posición crítica de UPyD, a Juan José González Rivas, Carlos Ollero, Fernando Valdés y Encarnación Roca como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Todos ellos serán designados formalmente en el Pleno de la Cámara Baja de la próxima semana. Los designados tienen el apoyo de los grupos parlamentarios del PSOE y el PP, con lo cual está garantizada su elección al reunir el aval de tres quintos de la Cámara, esto es, 210 diputados. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, calificó el trámite de ayer de «farsa» porque supone sancionar un «reparto» de cargos realizado por los dos partidos mayoritarios. En la comparecencia sólo tres portavoces hicieron preguntas, ninguna especialmente incómoda.

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Carlos Granados
Ex fiscal general del Estado, el magistrado de la Sala Penal del Supremo tiene el aval de varios vocales «progresistas»
José Ramón Ferrándiz
Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo, es el preferido por el sector «conservador» del órgano de gobierno de los jueces.