Oposición destructiva

La izquierda está inmersa en una inquietante dinámica. Confunde legitimidades para desestabilizar al Gobierno y, de paso, al país. Su apuesta por llevar la oposición a la calle lo es también por desnaturalizar el Parlamento, en el que es minoría. La consejera andaluza de Economía amenazó el martes con movilizaciones si el Gobierno mantenía el objetivo de déficit público durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El chantaje y la algarada son recursos que retratan al PSOE, como lo hace su apoyo a la manifestación del 11-M contra el criterio de la mayoría de las víctimas. E irá a más. Los sindicatos anunciaron una comparecencia para tratar este viernes la convocatoria de una huelga general el 29 de marzo y aprovecharon su manifiesto sobre la convocatoria del 11 de marzo para arremeter contra el PP y los medios de comunicación, a los que acusan de haber puesto en marcha «el ventilador de la calumnia y la difamación contra el movimiento sindical». Se apuesta a cuanto peor, mejor, sin que ni los cinco millones de parados ni el país sean una prioridad. Oposición destructiva y no constructiva. Con la izquierda en la calle, el Ejecutivo hace lo que debe: gobernar. El ministro Cristóbal Montoro sumó ayer a los ayuntamientos al objetivo de déficit para 2012 con la cifra del 0,3% del PIB y les detalló el plan para que los municipios comiencen el 1 de mayo a pagar a los proveedores unos 18.000 millones de euros en facturas pendientes. También ayer Mariano Rajoy reconoció en el Congreso que existen «excesivas duplicidades» en las administraciones y «sobran» organismos autónomos, entes y empresas públicas. La reorganización del Estado, con una redefinición competencial, será el próximo capítulo en la agenda reformista y sobran razones para ello. La España descentralizada es hoy una estructura poco eficiente, menos racional y financieramente inviable. El impacto económico de este desbarajuste entre administraciones no es menor. Existen estudios que apuntan que las duplicidades entre organismos nacionales, regionales y locales pueden suponer un sobrecoste de 32.000 millones de euros. Además, en esa reorganización garantizar la unidad de mercado será otro elemento de relevancia como dinamizador de la actividad. Las insólitas trabas existentes hoy en España, la multitud de procedimientos y normativas distintas e incluso enfrentadas en las regiones, lastran las capacidades del país y disuaden a la inversión. Atajar esta anomalía nos parece imprescindible. Queda claro, por tanto, que el Gobierno gobierna y que la oposición, impotente y sin argumentos defendibles, ha supeditado el deber de controlar al Ejecutivo a calentar la calle. Y eso que su radicalización es castigada en las encuestas y desautorizada por la opinión pública.