Responsables ante el recorte

Por más que esté justificada la indignación de los funcionarios y de los pensionistas, principales víctimas del tijeretazo, se espera de los agentes sociales y políticos que actúen con la responsabilidad y la solvencia moral que exige este crítico momento. No se trata, como pretende el PSOE, de que expidan un cheque en blanco al Gobierno de Zapatero ni que agachen sumisos la cerviz ante el desastre causado por una política económica sin pies ni cabeza. Tampoco se trata de eximir de culpas a unos gestores económicos que de pertenecer a la empresa privada habrían sido despedidos hace ya meses por incompetentes. En una coyuntura de emergencia como ésta, de lo que se trata es de que los principales actores de la vida pública no causen más daños todavía con reacciones equivocadas, desmedidas o simplemente suicidas. Esto vale de manera especial para los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, cuyos dirigentes agitaron ayer la amenaza de la huelga general. No está claro cuánto hay de sinceridad en esta advertencia y cuánto de táctica ante una reforma laboral que se prevé conflictiva. Sea como fuere, los sindicalistas cometerían una grave irresponsabilidad si llegaran a culminar sus amenazas. Primero, porque agravarían la precariedad económica y no aliviarían en nada el deterioro laboral. Y segundo, porque si el Gobierno socialista nos ha conducido hasta el precipicio es porque ha contado con el aplauso y la complicidad de los propios sindicatos. A CC OO y UGT, que se ufanaban de dictarle a Zapatero la política económica, más les valdría hacer examen de conciencia y pedir perdón a los trabajadores por haberse subido al carro del Gobierno y atacar despiadadamente a quienes, desde el PP o el Banco de España advertían, de los peligros que se avecinaban. Si el endeble equipo gobernante es culpable del desaguisado, también lo son los sindicalistas. Así que por respeto a los millones de obreros defraudados deberían medir mejor sus invectivas y amenazas de huelga general. En cuanto al principal partido de la oposición, el PP, no se le puede negar el derecho a la protesta y a la denuncia. Es un sarcasmo que el Gobierno y su coro mediático exijan ahora al partido popular que secunde unas medidas adoptadas de forma unilateral y cuando no hace ni un mes Zapatero le dio a Rajoy con la puerta del pacto en las narices. Los que estos días arrojan a la cara de los populares el sagrado valor del patriotismo para que apoyen al Gobierno son los mismos que hace un año los acusaban de «antipatrióticos» por alertar de la debacle a la que conducía la indolencia socialista. Por tanto, no se les puede reprochar a los dirigentes del PP que se resistan a convalidar unas medidas tomadas a sus espaldas y tras haberles negado en el Congreso el pan y la sal. A quienes corresponde apuntalar al Gobierno es aquellos que, a cambio de un plato de lentejas, han sido cómplices de unos delirantes Presupuestos: los nacionalistas y regionalistas, unos por activa y otros por pasiva. También ellos, como los sindicatos, han contribuido al hundimiento de las cuentas públicas por un déficit desbocado y deberían explicar a los votantes su cuota de responsabilidad.