Justicia quiere que sólo el presidente del CGPJ tenga sueldo fijo

El Gobierno quiere darle la vuelta «como un calcetín» al Consejo General del Poder Judicial en cuanto a su elección, dedicación, funcionamiento y organización interna. Una reforma que, de salir adelante, supondrá un antes y un después en lo que es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Ello, al menos, es lo que significaría llevar a cabo la propuesta formulada por la comisión de expertos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la que ayer informó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Consejo de Ministros.

El primer gran cambio significativo afecta a la cabeza del Consejo, a su presidente, que, a su vez, lo es del Tribunal Supremo. En la actualidad, los 20 vocales proponen al Rey al presidente entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia, con más de 15 años en la actividad jurisdiccional o en su profesión. En la propuesta se contempla dos modificaciones sustanciales en este punto. En primer lugar, se exigirá que sólo puedan ocupar ese cargo aquellos que sean magistrados del Tribunal Supremo y tengan una antigüedad en el mismo de, al menos, tres años como presidente de Sala, o, de tratarse de un jurista, 25 años de experiencia. Y, en segundo lugar, pero más significativo aún, es que el presidente será el único integrante del Consejo que tenga dedicación exclusiva.

La segunda modificación sustancial, y que provocará reacciones muy encontradas, tanto en el ámbito judicial como político, es la forma de elección de los vocales y su dedicación al Consejo. En el primero de esos aspectos, la propuesta de la comisión de expertos coincide con la anunciada en reiteradas ocasiones por Ruiz-Gallardón, en el sentido de que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados, mientras que el Parlamento designaría sólo a los ocho escogidos entre juristas de reconocido prestigio. El ministro de Justicia anunció ayer que el Ejecutivo comenzará «en breve» las negociaciones con los grupos parlamentarios «para buscar el mayor consenso en la fórmula de elección de los miembros del CGPJ». Se volvería así al sistema empleado desde el inicio del Consejo hasta que lo modificó el PSOE en 1982.

Ahorro de dos millones
El segundo cambio significativo en relación con los 20 vocales es que no tendrán dedicación exclusiva, sino que seguirán en el ejercicio de sus respectivas profesiones y únicamente percibirán dietas por participar en las sesiones del Consejo que les correspondan. De esta forma, el Estado «ahorraría» en sueldo 2.244.000 euros, ya que el salario de cada vocal este año es de 112.249 euros, y tendría que pagar sólo lo correspondiente a las dietas por sus actividades.

La tercera modificación relevante afecta a las comisiones que funcionan dentro del Consejo, ya que se prevé una reducción drástica, y sólo permanecerían las de Igualdad y Permanente, mientras que el trabajo que realizan actualmente las demás -otras ocho– sería realizado por los servicios del Consejo, para lo cual se recomienda «la creación de un cuerpo de letrados» del Consejo.

En cuanto a los viajes al extranjero de los vocales, éstos deberán coordinarse con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional.

Otra de las novedades que propone el informe es la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria, cargo que ocuparía un magistrado del Supremo o con más de 25 años en la Carrera. Tendrá dedicación exclusiva para instruir los expedientes disciplinarios «y será quien acuse ante la Comisión Disciplinaria, que actuará como tribunal».

Reacciones
Las reacciones no se hicieron esperar. La Asociación Profesional de la Magistratura valoró positivamente la elección directa de doce vocales, aunque la propuesta global «no puede ser más negativa», al «debilitar» este órgano con el objetivo de que su «influencia política o control político judicial sea menor». Jueces para la Democracia considera que se pretende subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo»; mientras que la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dijo que supondría un «drástico cambio de modelo para el funcionamiento del órgano de gobierno del tercer poder del Estado». El PSOE calificó de «innegociable» el sistema de elección de vocales y el PP destacó que Gallardón plantea una «profunda y necesaria» reforma que garantiza su «eficiencia e imparcialidad».

Gallardón: «No hay que tener miedo a los desafíos»
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó ayer que la propuesta de reforma del poder judicial no introduce elementos de peligro y de riesgo para un patrimonio que haya que «cuidar de una forma muy especial: la democracia y nuestra nación». Ruiz-Gallardón se expresó en estos términos en una conferencia que ha pronunciado sobre la reforma de la Justicia, dentro de los cursos de verano que organiza en Navacerrada (Madrid) la Fundación FAES, que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar.
El titular de Justicia insistió en que «no hay que tener miedo a los desafíos», siempre teniendo en cuenta que «innovar sin mejorar es una locura, pero conservar por conservar es en sí mismo una frustración». Dicho esto, quiso dejar claro que él asume directamente la responsabilidad de la reforma porque «la carga de la prueba debe recaer sobre aquel que pretende hacer una modificación». No obstante, insistió en que no van a abordar cambios que puedan introducir elementos de riesgo para un patrimonio que hay que cuidar de una forma especial, que es nuestra democracia y nuestra nación. De este modo, Ruiz-Gallardón marcó el camino de la reforma judicial.

LAS CLAVES
1. Presidente y vicepresidente
AHORA: El presidente se designa entre magistrados o juristas con, al menos, 15 años de ejercicio profesional. Éste es el único requisito que requiere con la actual legislación. El CGPJ cuenta, además, con un vicepresidente.
PROPUESTA: Se aboga porque el presidente tenga que ser magistrado del Supremo con tres años de experiencia o 20 años en el caso de un jurista. Se crearía la figura de vicepresidente del Supremo, para «evitar la bicefalia».

2. Elección de vocales
AHORA: Todos son elegidos por el Parlamento. Los 12 de procedencia judicial se designan entre los propuestos por las asociaciones o por un número de jueces y magistrados que representen al menos al 2% de la Carrera.
PROPUESTA: Ruiz-Gallardón ya anunció su pretensión de que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados. El objetivo es lograr una mayor independencia respecto a los partidos políticos.

3. Dedicación y sueldos
AHORA: Todos los componentes del Consejo tienen dedicación exclusiva. Los jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales pasan a «excedencia forzosa». El presidente percibe 130.000 euros anuales, y los vocales, 112.249.
PROPUESTA: Sólo el presidente tendría dedicación exclusiva, mientras que los 20 vocales seguirían en sus destinos y lo compaginarían con su labor en el Consejo, por la que percibirían dietas, pero no sueldos fijos mensuales.

4. Toma de decisiones
AHORA: Las decisiones se adoptan en el Pleno por mayoría simple, excepto en nombramientos de magistrados del Supremo, para el TC y presidentes de tribunales superiores, para los cuales se requiera mayoría de tres quintos, 13 votos.
PROPUESTA: Con carácter general, las decisiones se tomarán por mayoría simple, reservando la mayoría reforzada «a las decisiones de especial relevancia», con el fin de dotar de «mayor agilidad y eficacia el funcionamiento del Consejo».