ANÁLISIS: Una amnistía vergonzosa por Juan Clavero

En estas últimas décadas se ha generado en Andalucía un cáncer que ha devorado su territorio, sus recursos naturales, la honestidad de los políticos y la conciencia ciudadana. El Defensor del Pueblo ha llegado a calificarlo de «hecatombe ecológica». Este fenómeno es la prueba evidente de que la ilegalidad es la norma en el urbanismo andaluz. La invasión de viviendas ilegales en suelos no urbanizables no es entendible sin la complicidad de los responsables municipales y de la Junta de Andalucía. Y no es por falta de instrumentos legales. Tanto la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), como el Reglamento de Disciplina Urbanística dan suficientes facultades a los alcaldes para paralizar cualquier construcción o urbanización ilegal y ordenar su demolición. La medida más eficaz contra el urbanismo ilegal es la prevención, y Junta y ayuntamientos han actuado con una permisividad delictiva. Si la mayoría de alcaldes y concejales de urbanismo no están procesados es porque la generalización de la ilegalidad hace crecer la impunidad; con más medios de la Policía anticorrupción y de los fiscales, se multiplicarían las actuaciones judiciales en los ayuntamientos.
Ante la envergadura que ha tomado este problema en muchas comarcas andaluzas, la respuesta de la Junta –en clara connivencia con alcaldes y alcaldesas responsables de estas ilegalidades y con los propietarios de las viviendas ilegales–, no ha sido exigir el cumplimiento de la legalidad y retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos que demuestran una inacción evidente, sino intentar sacarles del embrollo, dándole cierta cobertura legal a estas miles de viviendas ilegales en suelos no urbanizables.
El Decreto sobre viviendas en suelo no urbanizable es un auténtico golpe de estado contra la legalidad vigente y contra el interés general de la sociedad. La regularización de estas urbanizaciones ilegales supone saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico que estipula el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), y supone un claro desprecio a la LOUA, que sólo permite viviendas en suelo no urbanizable como parte de una explotación agropecuaria, prohibiendo las segundas residencias.
Este Decreto tendrá consecuencias demoledoras. Aviva la percepción ciudadana de que las leyes urbanísticas están para incumplirlas, porque al final tendrán premio. Y lo más lamentable es que la alternativa a este Gobierno que, sin escrúpulos, utiliza la apología de la ilegalidad para arañar unos miles de votos, está el PP –tan responsable como el PSOE de este desastre en los ayuntamientos que gobierna-, que le parece insuficiente esta amnistía. Hasta que la sociedad andaluza no se conciencie de las gravísimas consecuencias del urbanismo ilegal y de la especulación y corrupción que ha generado, los partidos políticos que gobiernen los ayuntamientos y la Junta seguirán utilizando el recurso fácil de favorecer a los infractores y delincuentes urbanísticos para sacar unos réditos electorales envenenados.

Juan Clavero
Secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción-A