La amenaza de Latbus por José CLEMENTE

Tal y como acordaron el pasado viernes los representantes de Latbus, Fulgencio Jiménez y Andrés Brugarolas, con los concejales del Ayuntamiento de Murcia, Javier Iniesta y Nuria Fuentes, sobre el conflicto que enfrenta a esta empresa con la Corporación municipal, pese a que el transporte en pedanías ya ha quedado bajo control de la Comunidad Autónoma, hoy se reanudarán las conversaciones con el fin de encontrar una salida airosa a la amenaza que Latbus ha puesto sobre la mesa y evitar que el próximo miércoles se vea materializada y los ciudadanos de las 53 pedanías murcianas se vean forzados desembolsar 55 céntimos de euro más por un billete que ahora les cuesta 1,50. Bueno, en realidad la reunión no persigue ningún acuerdo con Latbus, ni tampoco se lo merecen, porque la posición municipal, que consiste en pagar íntegramente el billete de familias numerosas y pensionistas, ya la conocemos, pero falta por saber si la empresa mantendrá esa especie de chantaje o lo retirará en el último momento. Si esto último sucediera, que duda cabe que habría que facilitar el pago de los flecos pendientes con Latbus si los hubiera, y evitar las aristas que hagan imposible los acuerdos que el caso requiere, pero si la empresa de transportes mantiene la amenaza del «tarifazo», entonces habría que formular otras medidas para evitar que los ciudadanos queden secuestrados por el interés de una sociedad que menos buen servicio ha hecho de todo.

Anteayer ya criticaba que las administraciones negociaran al capricho de unos malos gestores, que lo único que persiguen no es salvar a la empresa de la ruina en la que se encuentra, sino sus propios intereses, porque Latbus ya sólo la pueden enderezar, que lo dudo, los representantes concursales, que también se lo llevan crudo en forma de comisiones o nóminas en todo este tipo de intervenciones «manu iudiciali». Las espadas están más alto que nunca, pero sólo por decisión de Latbus, que es capaz de poner al Ayuntamiento contra las cuerdas, a los ciudadanos bajo la tesitura de pagar o quedarse en casa y, todo ello, cuando le viene en gana y sin que la autoridad pueda hacer otra cosa que ceder, ceder y ceder a las pretensiones de una empresa que antes arruinó su casa y ahora pretende hacer lo mismo con las demás. O se aceptan sus condiciones, o «tarifazo», porque el ciudadano está desprotegido ante esa mesa negociadora, que frente a la amenaza no puede hacer otra cosa que presionar con su enfado a la administración que permite semejante desafuero. Desconozco si es posible, si existen mecanismos legales para decirle a Latbus que «se acabó», y que si mantiene esa amenaza un día más el servicio de transporte quedaría intervenido por el bien general de los miles de usuarios que precisan de él para desplazarse por Murcia.
Hoy saldremos de duda o nos enfadaremos un poco más, pero sin errar el tiro. El Ayuntamiento puede tener razón y, en ese caso, debería dar un puñetazo en la mesa si Latbus mantiene su presión usando de rehén al ciudadano. En el supuesto contrario, es decir, si Latbus cuenta con base jurídica a su reclamación, lo que debe de hacer es acudir a los tribunales, como todo hijo de Dios, porque si no la tiene, lo que se merece no es otra cosa que una demanda colectiva de los usuarios y de la administración para que cesen las amenazas.