La Ley de Morosidad fracasa con estrépito en sus meses iniciales

Madrid- Tarde, cada vez más tarde. Así pagan las empresas y administraciones españolas por la falta de liquidez y crédito a que las ha empujado la crisis. La entrada en vigor el pasado mes de julio de la nueva Ley de Morosidad no ha evitado que las administraciones públicas y las empresas españolas sigan pagando sus facturas con un retraso que duplica a la media europea.
Según un informe de la multinacional sueca Intrum Justitia, en lo que va de año, el plazo medio de pago en España ha aumentado hasta los 106 días desde los 103 en que cerró 2010. Muy lejos de la media europea (53) y de los objetivos marcados en la ley. La normativa pretende que, a partir del año 2013, las administraciones públicas realicen los pagos en un plazo máximo de 30 días. En el caso de las empresas, 60. Para ambas, se establece un periodo transitorio que les faculta a pagar este año en 50 días –administraciones– y 85 días –empresas–. Pero ni unas ni otras están cerca de los citados plazos. La administración pública española continúa pagando en un plazo real de 153 días, como en 2010, y las compañías, en 99, uno más. Muchas, el 40%, afirman que estos retrasos representan una amenaza para su propia supervivencia, lo que da idea de la magnitud del problema de los impagos.
Consumidores
A ambos colectivos se han sumado en los últimos meses los consumidores. Según el informe, lejos de disminuir sus plazos de pago, lo han aumentado un 15 por ciento, hasta los 68 días, frente a los 59 de 2010. «Estas cifras muestran la necesidad de legislar también a los consumidores a través de la Ley de Morosidad ya que sus impagos o retrasos pueden suponer la diferencia entre que una empresa continúe o no en el mercado», advierte Luis Salvatierra, directivo de la multinacional sueca en España.