El control de las pólizas de los ERE no se reforzó hasta 2009

El responsable de la gestión de los 647 millones de euros entre 2001 y 2009 destinados a ayudar a empresas en crisis, Francisco Javier Guerrero, argumentó en su declaración que el motivo era que les permitían el pago aplazado de las pólizas, algo de lo que duda la policía, que lo califica como «difícil de entender, puesto que la Junta de Andalucía podría haber negociado directamente con cualquier entidad aseguradora de primer nivel el pago aplazado de las pólizas. No tiene sentido que lo que no puede conseguir la Junta sí lo conseguiría un mero intermediario privado», sentencia.

Sin embargo, fuentes del Gobierno andaluz aseguraron ayer a este periódico que en 2009 se cambió el procedimiento en cuanto a la elección de intermediarios y compañías de seguros y se incrementó «notablemente el número de compañías con el que se contrataba hasta la fecha».

La Junta sigue trabajando con intermediarios, pero ahora solicita un estudio «actuarial e imparcial de mercado» a Mercer para que le presente las mejores condiciones ofertadas por las distintas compañías de seguros. La decisión final corresponde a las empresas que suscriben los contratos como tomadoras de la póliza, pero la gestión de la multinacional anula la figura del «conseguidor-comisionista» que encarnaba el exsindicalista Juan Lanzas, uno de los principales actores de la trama, acusado de cohecho.

El Ejecutivo andaluz asegura que desde abril de 2010 –cuando ya se habían denunciado las irregularidades en la empresa pública Mercasevilla, origen del caso– sólo ha asistido al proceso de suscripción de una póliza. Es el caso de la empresa Fertiberia, y en la que finalmente no ha sido necesaria la aportación de fondos públicos para las prejubilaciones acordadas con el comité de empresa.

El Gobierno que preside José Antonio Griñán se ha esforzado en los últimos meses por distanciarse de la gestión del Ejecutivo de Chaves, que abandonó la Presidencia de la Junta en abril de 2009. La propia Consejería de Presidencia admitió la semana pasada que las ayudas a las empresas debieron publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, práctica que no se siguió en la época anterior. Ahora admiten que han reforzado los controles, burlados al menos en 39 casos –los intrusos que han aparecido en expedientes de regulación de empleo–.

Pese a ello, reconocen que tanto en los casos actuales de Astilleros de Huelva y de Santana, el broker elegido ha sido Uniter. En la factoría naval, por decisión de Pymar con el consenso de los sindicatos; y en la jiennense, por instancia de los agentes sociales que representan a los extrabajadores.