Presión judicial al Gobierno con una medida que el CGPJ tildó de ilegal

Las siete asociaciones de jueces y fiscales acordaron ayer la «hoja de ruta» que llevarán a cabo a partir del 2 de noviembre para protestar contra la «inasumible» carga de trabajo que soportan los tribunales y los jueces en España. Así, comenzarán a aplicar la «autorregulación» por la que los jueces no realizarán audiencias más allá de las cuatro horas estipuladas, ni asumirán más asuntos de lo que establezca «como carga deseable» para cada tribunal el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). O lo que es lo mismo, si se aplica a rajatabla significará «la paralización de la actividad económica en sede judicial», según Ángel Dorado, portavoz de Foro Judicial Independiente.

Precisamente, sobre este asunto, la comisión permanente del CGPJ ya se pronunció el pasado día 23 octubre, catalogando de «nulos» y «sin efecto» los acuerdos de las juntas de jueces referidos a la autorregulación de funciones, que además no entra dentro de las competencias que les otorga la ley por la que se han de regir. El órgano de gobierno de los jueces considera que esa medida de presión afecta a los derechos de los ciudadanos a la tutela de «sus intereses legítimos» por parte de los jueces y magistrados y considera que llevar a la práctica esa medida supondría «limitar la atención de las necesidades del servicio o provocar retrasos en su prestación».