Bruselas

Rajoy compensará sus ajustes con más exigencia a las Administraciones

La Razón
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MADRID-El debate parlamentario que hoy protagonizará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estará marcado, inevitablemente, por el nuevo ajuste que ultima el equipo económico y que, en su grueso, irá al Consejo de Ministros de este viernes. Ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmó que Rajoy dará hoy «más detalles» sobre los nuevos recortes de gasto público y sobre las nuevas reformas –entre ellas, la fiscal– durante su comparecencia en el Congreso para presentar las conclusiones del Consejo Europeo. Pero desde Moncloa también avanzaron que el jefe del Ejecutivo no desvelará hoy íntegro el paquete de medidas que se ultima. Rajoy hará un análisis de la situación económica actual en función del acuerdo europeo sobre el rescate financiero a nuestras entidades y valorando también nuestra dependencia del proyecto del euro. El presidente ratificará su compromiso «absoluto» con la reducción del déficit y marcará objetivos y nuevos sacrificios, compensando las impopulares decisiones con nuevas exigencias para las Administraciones Públicas, empezando por las comunidades autónomas. El viernes llegará al Consejo de Ministros la reforma de la Administración Local para eliminar duplicidades de competencias. Por otra parte, antes de finales de julio Rajoy presentará un plan bianual presupuestario en el cual recogerá las actuaciones de su Gobierno para cumplir con las exigencias de Bruselas durante 2013 y 2014. Ayer Guindos no detalló tampoco a los ministros de la eurozona las nuevas medidas que prepara el Ejecutivo, sino que sólo ratificó los planteamientos generales de este plan de consolidación del déficit público y también de reformas económicas. Entre las «sugerencias», que hay quien entiende como obligaciones, planteadas por Bruselas está la subida del IVA, recortes entre los empleados públicos, cambios en las prestaciones por desempleo, eliminar la deducción por vivienda, reducir la fiscalidad del trabajo, nuevos impuestos medioambientales o el adelanto de la edad de jubilación. Hasta ahora el Gobierno se ha limitado a decir que estudia esas «recomendaciones». Los ajustes afectarán seguro a los impuestos (indirectos y medioambientales) y a los funcionarios, sin perjuicio de que desde el Gobierno se siga sosteniendo que «todo está abierto» cuando se le pregunta por otros colectivos, como los parados. Rajoy se encontrará un Congreso con la mayoría de los grupos de la oposición en contra, un clima hostil ante el que dará cuenta de los ajustes y de las reformas puestas en marcha hasta el momento y de la necesidad «imperiosa» –sostienen en Moncloa– «de seguir adoptando medidas difíciles, incluso contrarias al programa electoral». En el Gobierno prevén que el de hoy será un «debate a cara de perro», aunque Rajoy invocará el sentido de Estado y el esfuerzo colectivo para «sacar adelante a España». «El presidente hará un discurso en clave doméstica, pero mirando también a Bruselas y a los mercados. Hoy más que nunca es necesario trasladar confianza en nuestros compromisos y en nuestros ajustes. Y tenemos la mayoría absoluta detrás de nosotros», sentencian.

 

El Gobierno convoca a los sindicatos de los funcionarios
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha convocado hoy a los sindicatos de la Función Pública a la reunión que es preceptiva siempre que el Gobierno va a hacer cambios que afectan a los funcionarios. El Ejecutivo informará de líneas generales, pero no entrará en el detalle de las medidas que irán al Consejo de Ministros. Entre otras posibilidades, está el cambio legislativo para modificar sus condiciones laborales, de horarios y de funciones, así como la eliminación de alguna paga extraordinaria. En suma, se trata de aproximar lo más posible el régimen laboral en la Función Pública al del sector privado. Los sindicatos ya han advertido de que se reservan sus «medidas de presión» a la espera de conocer el alcance concreto de los nuevos ajustes que pondrá en marcha el Gobierno para reducir el gasto público y atender las exigencias de Bruselas.