El PP demanda al alcalde de Almonte por malversación continua de bienes

Una sentencia del Supremo ratifica la propiedad municipal del parking próximo al hotel El Coto.

El alcalde y senador socialista, Francisco Bella (i), durante un pleno del Ayuntamiento de Almonte
El alcalde y senador socialista, Francisco Bella (i), durante un pleno del Ayuntamiento de Almonte

SEVILLA-De un presunto delito continuado de malversación de bienes inmuebles y otro de abandono de destino. Esto es de lo que acusa el PP de Almonte al alcalde de este municipio onubense y senador del PSOE, Francisco Bella, en la denuncia que un concejal de dicha formación interpuso ayer en el juzgado de guardia de La Palma del Condado. El motivo: la explotación del aparcamiento del hotel El Coto de Matalascañas, propiedad del Ayuntamiento almonteño pero que, según los denunciantes, gestiona la sociedad dueña del mencionado establecimiento hotelero: Bamar 2000 S A, «con manifiesto perjuicio para los intereses de los ciudadanos».La demanda tiene antecedentes recientes: el pasado 8 de marzo, los populares presentaron una moción para ser votada en el pleno municipal en la que se pedía la puesta en marcha de «los trámites oportunos para la inmediata recuperación y ocupación» del parking, así como para reclamar el montante económico derivado de su gestión –han aportado al juzgado un ticket de 7 euros por un día–. Se debatió finalmente en la sesión plenaria del 6 de abril y fue rechazada por 13 votos de los 14 ediles socialistas que integran la Corporación local, ante la ausencia «injustificada e injustificable» del propio Bella. Y ello a pesar de que distintos miembros del equipo de gobierno han admitido, incluido el propio alcalde, que «ni la entidad Bamar 2000 ni otras sociedades tienen autorización administrativa para la explotación de los aparcamientos públicos» y que el Ayuntamiento no cobra ni recibe ningún ingreso por los recibos del ubicado en las instalaciones de El Coto. Es más, según se recoge en la denuncia registrada ayer, el socio mayoritario de Bamar ha declarado, como imputado en otro proceso judicial, que «el terreno del parking corresponde a una cesión al Ayuntamiento de Almonte pero se encuentra vallado y lo está utilizando el hotel». Los populares han movido ficha y exigen ahora en los tribunales que «se depuren las posibles responsabilidades tanto penales como civiles que se hubieran podido producir» en torno a la ocupación de una finca de propiedad pública y el aparcamiento existente en ella. El portavoz de la formación en el Consistorio, José Antonio Domínguez, certifica la distancia con la gestión del regidor y asegura a este periódico que detrás de su actuación se esconden «oscuros intereses» y «una exagerada dejación de funciones, en detrimento del interés de los almonteños». A su juicio, «es incomprensible que después de cinco años con una sentencia previa avalada por el Tribunal Supremo, por la que se le otorga la propiedad de la parcela en cuestión al Ayuntamiento, aún la esté explotando una entidad privada con un interés privado». Para Domínguez, Bella «ha permanecido de brazos cruzados y ha sido el principal propulsor de la inacción de la Administración en contra de las necesidades del pueblo». Sin embargo, fuentes del PSOE local dicen estar «tranquilos» al haber «actuado de acuerdo con la asesoría jurídica», mientras el PP «lo ha hecho al dictado de una empresa privada», acusan.

Cárcel e inhabilitación, según el Código Penal- «La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o entidad estatal, autonómica o local u organismos dependientes de alguna de ellas, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años», de acuerdo con el artículo 434 del Código Penal. En ese sentido, los populares creen que Francisco Bella «ha permitido durante años la explotación de un bien de titularidad municipal a manos de un particular».- El artículo 407 del Código Penal recoge el delito de abandono de destino y en su apartado 1 preceptúa que «a la autoridad o funcionario público que abandonare su destino» para «no impedir o no perseguir» un delito «se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años». El alcalde denunciado abandonó la sala de plenos después de leer la moción del PP y permaneció tras la puerta de cristales que da acceso al salón consistorial, según consta en la demanda registrada ayer en La Palma del Condado.