La Seguridad Social incentiva a los médicos para que den menos bajas laborales

La Sociedad de Medicina de Familia cree «contraproducente» el gasto, que «pervierte» la relación con el paciente.

Los procesos de incapacidad temporal le cuestan al Estado más de 7.000 millones de euros al año
Los procesos de incapacidad temporal le cuestan al Estado más de 7.000 millones de euros al año

SEVILLA- Cataluña no es la única comunidad que está siguiendo de cerca las bajas laborales que conceden los médicos. El Ministerio de Trabajo –a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social– y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía han firmado un convenio por segundo año consecutivo con este mismo objetivo. Los procesos de incapacidad temporal le cuestan al Estado más de 7.000 millones de euros al año. Para evitar el fraude y premiar a los médicos que reduzcan estos periodos –muchos se hacen eternos debido a la insistencia de los pacientes, en connivencia con los facultativos– el Gobierno aporta a la Administración autonómica ocho millones de euros. Una cantidad que el presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y Comunitaria, Manuel Lubián, considera «contraproducente» porque «pervierte la relación entre el médico y el paciente».
La propia resolución del convenio especifica que en Andalucía se formalizan «un número elevado» de bajas laborales que «provocan una merma importante para la organización del sistema productivo». Con este sistema de gestión, seguimiento y control de la prestación se persigue «ajustar el número de procesos de incapacidad temporal», estableciendo una «cultura de utilización racional de la prestación en procesos de corta duración, sensibilizando para ello tanto al médico prescriptor de la baja como al trabajador y al empresario, mejorando al mismo tiempo la atención sanitaria sobre los beneficiarios».
La cuantía transferida se destina a «incentivar a los agentes participantes», aunque también se prevé la «modernización y mejora de los recursos informáticos y materiales» empleados en el proceso, consistente en un seguimiento complejo y riguroso de cada caso a través de actividades secuenciales y el ajuste a un calendario establecido de antemano. Porque la duración de las bajas, a juicio del Ministerio, es el principal problema que se deriva de estos procesos. «Se hace imprescindible la profundización en el análisis de la duración de las incapacidades temporales, clasificadas según sus diagnósticos y teniendo presentes otros factores como edad, sexo, tiempos estándares y actividad laboral». Lubián no cree en las bondades de los incentivos directos y sí en otros sistemas de gestión complementarios que ya se articulan en otros ámbitos de la medicina, como el uso racional de los medicamentos y las pruebas diagnósticas complementarias. Sobre la posibilidad de que este sistema coarte la libertad del médico, se muestra contundente: «No creo que un compañero se deje manipular por un incentivo».
A su juicio, la iniciativa presenta dos problemas éticos. Por un lado, uno relativo a la justicia social que debe impartir el médico, puesto que «tenemos un compromiso con la sociedad para gestionar los recursos públicos». También otro relativo al principio de beneficencia, que «nos dice que tenemos que buscar siempre el beneficio para el paciente». No obstante, Lubián precisa que una baja laboral «no es algo que concede el médico y la administración graciosamente, sino un derecho que tenemos que defender». Aún así, no tiene constancia de que algún médico haya recibido un incentivo de este tipo.


Cuatro colectivos médicos se benefician del convenio
- Al inicio del programa, la Consejería de Salud recibe un anticipo del 25 por ciento del crédito, que asciende a ocho millones de euros. Trimestralmente se llevará a cabo la valoración de los objetivos y la Seguridad Social abonará la cantidad que corresponda a cada fase.

- Los inspectores médicos de la Seguridad Social tienen acceso a la base de datos informatizada de las historias clínicas.

- El Ministerio de Trabajo alerta del «número elevado» de bajas, que provocan una «merma importante» para la organización del sistema productivo.

- El convenio contempla la creación de una comisión mixta –integrada por miembros del Ministerio de Trabajo y de la Consejería de Salud– que analizará los avances del proceso.

- Los beneficiarios de los incentivos son los inspectores médicos, subinspectores sanitarios, médicos de atención primaria y especializada y el personal perteneciente a la administración.