El director general de Empleo evitó enviar notas y «post-it» de expedientes

Sevilla- Existen anotaciones a mano de pagos, de reuniones o de cláusulas de expedientes en «post-it», en hojas de cuaderno, en el reverso de folios con el logo del Servicio Andaluz de Salud que indican una gestión improvisada en urgencias o en la sala de espera de un ambulatorio. Eso, cuando la intermediación del ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, no se hacía en la barra de un conocido pub sevillano con un gin-tonic en la otra mano. Estos documentos están siendo de vital importancia en la instrucción que lleva a cabo la titular del juzgado número 6 de Sevilla, pese a que la investigación se asemeje, en ocasiones, a una tarea de puro «collage».

No obstante, la voluntad de la Junta no ha sido siempre proporcionar esta información. El actual director general de Trabajo imputado, Daniel Alberto Rivera, envió el pasado 4 de octubre un escrito a la Consejería de Presidencia para que remitiera al juzgado los expedientes de las ayudas recibidas por 40 empresas y ayuntamientos solicitados por la magistrada. «Se le remite la documentación de gestión administrativa incorporada a cada uno de los expedientes de ayuda y que pueden considerarse que conforma cada expediente administrativo», señala Rivera en su escrito. No obstante, añade que no incorpora a las remesas «aquellos otros documentos que, por repetidos, manuscritos, notas, borradores de documentos incorporados u otro tipo de razones justificadas análogas (no aparecer firmados, etc.) a las anteriores se ha considerado, a salvo de mejor criterio, que no formaban parte del expediente propiamente dicho, de la gestión de las ayudas».

La decisión de Rivera tuvo una contestación contundente por parte de la juez Mercedes Alaya, que cobra sentido ahora después de saber el cribado de documentos que había hecho Rivera en el escrito al que ha accedido LA RAZÓN. Alaya, en un auto del mes de noviembre de 2011, pidió a la Junta que le enviara «la documentación de gestión administrativa» de cada documento. «Notas manuscritas o borradores, contienen información relevante para la causa, dado que no existe un expediente administrativo propiamente dicho».

Llama la atención que la decisión de Rivera se produjera después de que el presidente del PP-A, Javier Arenas, hiciera público en mayo del año pasado un «post-it» con el nombre del ex director general Francisco Javier Guerrero y en el que estaba escrito: «Convenio del IFA para subvenciones en concepto de feria, igual que en otros casos similares». Es decir, un expediente, una orden de pago del «fondo de reptiles» contenida en un simple papel adhesivo. La partida 31.L no sólo sirvió para financiar ERE, sino también para sufragar los gastos en ferias comerciales organizadas por ayuntamientos del Partido Socialista.

Además de la juez, la Fiscalía Anticorrupción también ha pedido los expedientes íntegros. El Ministerio Público ya puso de relieve en un escrito que algunos de los expedientes eran en realidad «una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de los cuales no son sino simples notas manuscritas anónimas anotadas en hojas arrancadas de un bloc de espiral, cuando no garabateadas en simples ‘post-it' adhesivos».

La Junta ha mantenido en todo momento, y mantiene, que su actitud ha sido la de máxima colaboración con la Justicia, aportando al juzgado la documentación requerida e incluso yendo más allá de las peticiones. No es lo que cree el PP, que ha denunciado reiteradamente la obstrucción del Ejecutivo de José Antonio Griñán, con el objetivo de ralentizar el proceso. Entre octubre, cuando el director general cribó el envío de documentos, y la respuesta de noviembre de la juez vía auto, la investigación perdió un mes, al que habría que sumar el tiempo que tardó la Junta en enviar de nuevo la documentación.

El alto cargo imputado
1. IrregularidadesLa juez Mercedes Alaya ha imputado al actual director general de Trabajo por su gestión de las ayudas a Surcolor y Acyco. Respecto a Surcolor, la magistrada señala que «pudo deducir fácilmente» que el número de prejubilados era 24 y no 26. «Como en el caso de Guerrero –el ex director general que habló por primera vez del ‘fondo de reptiles'– se ordenan los pagos con total ausencia de procedimiento».
2. Defensa de la JuntaLa Junta ha hecho una encendida defensa del alto cargo de la Consejería de Empleo, del que destaca su coordinación de la investigación interna de los ERE.
 

Un precedente que encendió las alarmas
El escrito de Rivera contestando a las diligencias de la juez Mercedes Alaya se produce en octubre. Sin embargo, en mayo hizo público el presidente del PP-A, Javier Arenas, un «post-it» en el que se contenía la orden para otorgar unas ayudas del «fondo de reptiles».