El precio de la independencia por José Clemente

La reunión prevista para hoy entre el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el también presidente de Cataluña, Artur Mas, viene precedida de no pocos acontecimientos políticos (la impresionante manifestación del pasado 11 de septiembre a favor de la independencia), y de algunos desencuentros, más por parte catalana (Pacto Fiscal, desobediencia en el cumplimiento de determinadas sentencias sobre la aplicación del modelo lingüístico, contención del gasto y reducción de organismos públicos dependientes del ejecutivo catalán), y que Rajoy se ha visto obligado a lidiar para no romper la «entente» con la Generalitat y, especialmente, con los nacionalistas catalanes de CiU. Este esfuerzo de Rajoy por no violentar el statu quo en esa comunidad ha sido malinterpretado tanto por el PP, como por CiU, los primeros por ver en él un síntoma de debilidad, mientras que los segundos lo han interpretado como una demostración más del «desencaje» entre Cataluña y el resto de España. Pero fue la manifestación de la Diada la que marcó un punto de inflexión en Cataluña y, por extensión, entre los principales dirigentes de CiU, al aprovecharla para taponar la sangría de votos hacia ERC e IU-V, toda vez que ganaban un precioso tiempo para marcar distancias con las últimas e impopulares medidas de la Generalitat como el impago de las nóminas a funcionarios, el recorte en las prestaciones sociales, el aumento del paro hasta el 22 por ciento y la destrucción de empresas como no ocurría desde los tiempos del franquismo. Por eso y no por ninguna otra razón, recurrieron a lo que mejor saben hacer: el victimismo, una vieja estrategia que consiste en sacudirse las pulgas para endosárselas al enemigo común de todos los tiempos, es decir, España.

Siempre hemos criticado el uso partidista de los sentimientos y la mezcla de lo político con lo económico, siquiera por obsceno, pero hete aquí que Mas ha mezclado todo ello sin el menor miramiento, lo que ha dado como resultado un extraño brebaje que puede ser tan venenoso como explosivo, incógnita de la que saldremos hoy cuando concluya esa reunión tan esperada como imprevisible. Mas llegará envuelto en la «senyera estelada» (bandera independentista) con el firme compromiso de pedir para Cataluña estructuras de Estado, asunto éste que, además, ratificó en solitario ante las cámaras y la Prensa a la mañana siguiente de la manifestación y en la que se adueñó de la masiva protesta: «Ha llegado el momento de dotar a Cataluña de estructuras de Estado, porque el camino no da más de sí. España ya hizo su transición y ahora nos toca a nosotros». Eso se concreta con la petición de lo que llama «soberanía fiscal», para acabar, según Mas, con el «expolio de Cataluña por parte de España». En definitiva, vuelta al victimismo, aunque la realidad sea bien otra. Y si no hubiera entendimiento alguno, apelará a esa otra frasecita de marras que también empleó en la citada rueda de Prensa: «Le diré a Rajoy que no me escuche a mí, que atienda a los ciudadanos, que escuche el clamor de la calle». Para Mas el «Pacto Fiscal» es el primer paso hacia la independencia, por eso el Rey recuerda la víspera de esa reunión que «lo peor que podemos hacer es dividir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras». Porque una quimera es eso del «déficit fiscal», ya que las cifras que baraja la Generalitat en nada se atienen a las cifras reales que todos, incluidos los ciudadanos de Cataluña, podemos consultar, sin maquillajes ni liposucciones de ningún tipo. Pero, ¿qué vale la independencia, cual es su precio?

PRECIO DE LA INDEPENDENCIA
El precio de la independencia calculado por diversos expertos económicos y analistas financieros apunta a un coste estimado de 60.000 millones de euros (8.000 euros por cada uno de los ciudadanos de Cataluña), sólo desde el punto de vista político-financiero, que se ampliaría a los 105.000 millones (14.125 euros por habitante) en el proceso de culminación de ese proceso secesionista. Estas cifras colocarían a Cataluña muy lejos de su encaje europeo, ya que la separación del resto de España acarrearía, como ya le ha advertido Bruselas a Mas, su expulsión inmediata, llevando ese desfase económico a cotas aún mayores en los primeros años hasta situarla en práctica bancarrota. Si además tenemos en cuenta que las agencias de calificación ya han equiparado el bono catalán al «bono basura», la grieta de separación se haría mayor año tras año. También perderían esos 54.000 millones de euros de ingresos por ventas al resto de España, además de pagar del orden de 4.500 millones más por los aranceles, todo ello sin contar con el posible boicot a sus productos dentro y fuera de nuestro país, lo que redondearía unas cantidades difícilmente asumibles por la Generalitat. Asimismo, la independencia traería consigo de forma matemática una caída de su PIB de un 30 por ciento, lo que abundaría aún más en la debacle y la ruina de esa operación política. Cataluña no sería como Islandia, Montenegro o Quebec, sino más bien Chipre o la Padania.

DÉFICIT FISCAL
Desde la Generalitat y muy especialmente desde CiU se ha venido hablando del déficit fiscal como la solución a sus problemas. Por eso consideran que el Estado debe ingresar a las arcas públicas catalanas la cantidad de 16.409 millones de euros, con lo que se repararía, en parte, el expolio a esa comunidad. Pero esas cifras, como muchas otras que presentan como el agravio comparativo no correspondido con las aportaciones de Cataluña al resto de España son, sencillamente, inventadas, por no decir falsas de toda falsedad. El Gobierno catalán eleva artificialmente el volumen de impuestos recaudados en Cataluña sumando a los ingresos propios los impuestos de otros de ciudadanos que compran fuera de Cataluña sus productos. Así lo reconocen en un informe propio cuando admiten que el IVA pagado por un ciudadano de Oviedo a un comercio de Mataró se imputa a Cataluña. También hacen trampa al sumar a la baja los gastos del Estado en Cataluña en inversiones e infraestructuras, o al contabilizar, también a la baja, las inversiones europeas que realiza el Gobierno directamente a esa comunidad, pero no se atreven a llevarlos a los tribunales de Bruselas porque saben que no es cierto.

ESTADO DEL BIENESTAR
El autogobierno de Cataluña, que no sería mayor al que ya tienen en estos momentos, traería aparejado un desplome de su Estado de Bienestar en todos los órdenes. Si en estos momentos ya no se puede pagar a los funcionarios, las escuelas cierran por doquier, los hospitales han tenido que recurrir al recorte de plantillas y el cierre de algunos de ellos, los desempleados pasan apuros para cobrar su paga, la corrupción de mantiene en los máximos niveles y los proveedores cobran gracias al Gobierno del Estado, nada hace prever que en una situación de constreñimiento generalizado las cosas fueran a mejorar, sino más bien al contrario. El modelo social se resquebrajaría hasta límites impredecibles que incluso podrían poner en riesgo el crecimiento demográfico. La pérdida masiva de empresas y puestos de trabajo harían insostenible ese modelo, pues una población activa de 2,9 millones de empleados apenas podría sostener a 2,1 millones de jubilados y, lo que es más grave todavía, con una curva demográfica de edad que hará de Cataluña en 2020 una comunidad con cerca de cuatro millones de pensionistas. Aún sin independizarse de España, no dejamos de tener un grave problema a la vista.

DEUDA
La hipotética independencia catalana no deja de ser sino la peor de las pesadillas en las que se ha embarcado el nacionalismo en un mundo cada vez más abierto y globalizado. En estos momentos y de aquí a fin de año Cataluña debe pagar en intereses y vencimientos de deuda más de 23.000 millones de euros, y sólo en las dos próximas semanas deberá hacer frente al compromiso de abonar 3.450 millones, de ahí que haya recurrido al Fondo de Liquidez Autonómica previsto por el Gobierno para evitar la asfixia de esa comunidad. Ese dinero está vinculado al pago de la deuda con Europa y al control del déficit, lo que permite pocas o ninguna alegría a la hora de cambiar de rumbo. La deuda total de Cataluña que le imputa el Estado es de otros 100.000 millones más. Con estas cuentas, ni hartos de cava.