Blanco corrige a Salgado y dice que no pagará a las CCAA por el Patrimonio

El Gobierno volvió ayer a dar una muestra más de improvisación y contradicción interna en la recuperación del Impuesto de Patrimonio. Tras un dilatado y controvertido debate en el Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo, José Blanco, enmendó la plana a la vicepresidenta primera, Elena Salgado, sobre la compensación de 2.000 milliones que las autonomías perciben por este tributo desde 2008, fecha en la que el Gabinete de Zpatero lo dejó en suspenso. «Ninguna comunidad autónoma cobrará dos veces por el Impuesto de Patrimonio. No se podrán compensar a las comunidades cuando decidan reactivar el impuesto», advirtió Blanco.
Es decir, las autonomías no podrán percibir la parte que le correponde de los 2.000 millones que se incorporaron en el sistema de financiación autonómica en 2008 para compensar la eliminación del tributo más la parte que le toque de los 1.080 millones, cifra que el Gobierno calcula recaudarán cada año por la aplicación del nuevo Patrimonio.
Sin embargo, la versión de Blanco sobre este punto del decreto ley, que ayer aprobó el Ejecutivo para reactivar este impuesto, dista de la facilitada un día antes por la vicepresidenta del Gobierno. Salgado consideró este jueves ilegal descontar a las autonomías la cuantía que perciben por la compensación de 2008. Por tanto, descartó que se pueda «castigar» a las que se rebelen contra la aplicación del nuevo tributo quitándoles la compensación de 2008.
La vicepresidenta explicó que el gobierno regional que decida no aplicar a partir de 2011 este impuesto no cobrará sin más la parte que le corresponda de los 1.080 millones de euros, que el Gobierno calculan que se recaudarán cada año con su reactivación. Pero no dejarán de percibir su parte correspondiente de los 2.000 millones de compensación por a la suspensión del tributo y que ya están plenamente incorporados al modelo de financiación autonómica.
Según Salgado, el Gobierno no podrá quitar esta cuantía a las autonomías rebeldes simple y llanamente porque, para ello, debería modificar la ley órganica de financiación autonómica, algo que no se puede hacer vía decreto ley, percha legal utilizada por el Gobierno para recuperar Patrimonio. Sin embargo, Blanco fue ayer más lejos y no sólo advirtió de que se puede «castigar» a las autonomías que no quieran aplicar el impuesto descontándoles la compensación de 2008, sino que, además, se les descontará igualmente, aunque lo apliquen, para que no cobren dos veces este tributo, tras su restauración.
Ante la insistencia de los periodistas sobre la contradicción en la que incurría con la vicepresidenta, el portavoz intentó puntualizar que ahora no se puede modificar la ley de financiación, pero sí para la liquidación de Patrimonio en 2012. Instantes después, volvió a su versión original sobre esta cuestión, generando una mayor incertidumbre sobre si, al final, el Ejecutivo detraerá del sistema de financiación 2.000 millones.
En la referencia del Consejo de Ministros (información por escrito que el Gobierno facilita sobre las cuestiones aprobadas) no se alude a las autonomías, que gestionan desde 2001 Patrimonio y, por ende, tienen capacidad normativa para realizar bonificaciones del cien por cien sobre el mismo. A día de hoy, todas las autonomías, salvo Canarias y Extremadura, han expresado su oposición a cobrar este tributo. Precisamente, la negativa autonómica a aplicarlo llevó al Gabinete de Zapatero en 2008 a bonificarlo al cien por cien y, por tanto, dejarlo en suspensión.
La versión contradictoria facilitada ayer por Blanco alimenta la acusación realizada por la oposición al Gobierno de «improvisar una vez más», tras la guerra de cifras que protagonizaron el ministro y el candidato socialista a costa del mínimo exento del impuesto, que, al final, se elevará a 700.000 euros.

CLAVES
El patrimonio de una persona es la suma de todos sus bienes mobiliarios e inmobiliarios: viviendas, acciones, depósitos, obras de arte, joyas, barcos, vehículos, seguros de vida... Si el total supera los 700.000 euros netos, el contribuyente está obligado a pagar.
- Vivienda
Cuando se trata de determinar el valor de una vivienda a efectos del impuesto sobre el Patrimonio se tomará como referencia la cifra mayor, sea ésta la del catastro o la del precio por el que se adquirió. Si el precio de la vivienda habitual no supera los 300.000 euros, no suma nada por ella. En el caso de que esta cifra sea superior, el contribuyente deberá aplicar solo el exceso, es decir; la diferencia entre el precio de su vivienda y los 300.000 euros que están exentos. Al resultado de esta cantidad se sumará el resto de cosas que posee. Las hipotecas, como todas las deudas, descuentan.
- Pensiones
Se tendrá que tributar por los planes de pensiones si se recuperan o rescatan.

Rajoy derogará el impuesto con su reforma fiscal
«Es un puro señuelo electoral». Las comunidades del PP coinciden con la doctrina de Génova sobre el Impuesto del Patrimonio. Ellas son las más directamente perjudicadas con el quita y pon impositivo del Gobierno socialista, ya que de los 1.800 millones de euros que reciben en compensación por su supresión ahora se está hablando de una posible recaudación de mil millones de euros.
Por eso tanto el PP como sus «barones» intentan no entrar al «trapo» que les ha colocado enfrente el PSOE, el de si lo harán o no efectivo. Es un debate absurdo, señala uno de los «barones» con más mando en plaza dentro del PP, porque la previsión es que el impuesto quede derogado en tres meses, es decir, que Rajoy lo deje anulado dentro de la reforma fiscal con la que se presentará a las elecciones. «Aquí no hay que fijar posición porque es la propuesta de un Gobierno que no va gobernar, es la propuesta de un candidato», sentencian en las filas populares. Si este año, como advierten en el PP, queda derogado, entonces ni siquiera para este ejercicio tendrían que retratarse las autonomías populares. De no ser derogado inmediatamente, tendría que ser analizado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades autónomas, dado que es un impuesto autonómico. Y es ahí donde entonces éstas fijarían una posición. Mientras tanto, a vadear el temporal, informa C. Morodo.