Es necesario un defensor de la igualdad de trato

En este sentido, María Blanco, profesora de Economía de la Universidad San Pablo CEU, califica de innecesaria la creación de esta figura, sobre todo en tiempos de crisis: «La principal consecuencia es que se va a hacer un gasto importante en una figura que va a actuar como los censores de la dictadura y que colisiona directamente con la Ley General de Educación, contra la libertad de empresa y que no ha tenido en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Tienen que definir cómo se va a materializar, pero se podría dar el caso de que se creara un cargo a nivel nacional y 17, a nivel autonómico, una auténtica barbaridad».

«No se puede crear una figura y luego rodearla de una institución, es totalmente ineficiente», indicó. El gasto dependerá del real decreto que la cree pero el coste no será inferior a tres millones de euros (presupuesto de una institución autonómica como el Defensor del Menor) y no superará los 30 millones, gasto destinado en 2011 a la delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En esta línea, Blanco defendió que «la única función que puede desarrollar este nuevo cargo es recaudatoria. Por un lado se van a ahorrar mucho dinero en subvenciones a los colegios que imparten una educación diferenciada; y por otro, pueden convertir el ámbito de la publicidad en un vertedero de ataques personales, en las que las propias compañías puedan aprovechar para hacer daño a la competencia».

Inseguridad jurídica
Distintos organismos e instituciones ya han puesto objeciones y hasta cuestionado la necesidad de crear esta nueva Autoridad para la Igualdad. Entre ellas figura la CEOE que considera que el momento actual, en el que se requiere hacer los máximos esfuerzos de contención en el gasto, «lleva a cuestionar la necesidad de crear esta autoridad, por lo que deberían hacerse valer los mecanismos actuales para garantizar los derechos de igualdad de trato». Por eso es partidaria de suprimir la figura. Y no sólo eso, el hecho de que se otorgue a esta autoridad la característica de órgano de mediación y conciliación «genera inseguridad jurídica» porque «puede investigar situaciones de discriminación graves, pero queda a su opinión subjetiva el valorar esa gravedad o relevancia».

El Consejo Económico y Social (CES) plantea dudas hasta en las funciones de este nuevo organismo por la coincidencia entre las funciones entre esta nueva autoridad y el Defensor del Pueblo así como con las de sus equivalentes autonómicos. Incluso sugiere que ya existen otros órganos de carácter administrativo que ya vienen a realizar estas funciones y que dependen del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Se trataría de la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y contra la discriminación y el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato.

En una línea similar, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte del riesgo de «solapamiento de competencias y duplicación de instituciones que cumplen una función. Incluso, el órgano de gobierno de los jueces advierte de que el hecho de que esta nueva autoridad tenga que colaborar con el Defensor del Pueblo y con las instituciones y organismos públicos equivalentes autonómicos e internacionales podría derivar en «interferencia, duplicación de actuaciones o en conflicto».

El CGPJ aprecia que esta alta autoridad «no viene impuesta necesariamente por las directivas comunitarias» por lo que opina que la nueva institución tiene más competencias que las mínimas que impone una norma comunitaria y ha extendido su ámbito de actuación a cualquier motivo de discriminación. También hace hincapié en que las normas que tipifican las sanciones «han de procurar evitar el uso de términos genéricos y ambiguos» para así eliminar la inseguridad jurídica.

En la misma línea se ha pronunciado el Consejo Fiscal en el informe que emite sobre el proyecto de ley de igualdad del Gobierno, que también alerta de la necesidad de definir claramente lo que se considera o no discriminación o desigualdad para que la nueva autoridad pueda multar adecuadamente y así evitar la «inseguridad jurídica» que podría producirse.

La clave. Contra el trámite por la vía urgente
La complejidad del texto y su falta de concreción en muchos de sus aspectos hace necesario el cumplimiento de los tiempos en la tramitación en la Cámara Baja. En contra de las intenciones del Gobierno –que ha solicitado la tramitación por la vía de urgencia–, el Partido Popular ya ha anunciado que votará en contra de la medida. Los argumentos de mayor peso los esgrimió la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría: «No vemos motivo para esa urgencia porque es una ley compleja que ha generado y ha suscitado dudas incluso en los órganos públicos que han sido consultados. El proyecto, debido a su complejidad debe analizarse detenidamente».